Menos de 24 horas después de que el Congreso reanudó sesiones y en plena emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus –que solo en salud demandará recursos por $4,6 billones–, este martes fue presentado un proyecto de ley que le apuesta a llevar un registro de los bebés que fallecen antes de nacer.
La iniciativa, de autoría del representante Héctor Javier Vergara Sierra, de Cambio Radical, consiste en un reconocimiento de “carácter simbólico que dignifica a todas las criaturas fallecidas antes de nacer”. Para ello, se argumenta que en Colombia la mortalidad perinatal y neonatal está alrededor de 15,0 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.
En esa línea, se crea el Registro Especial de Pérdidas Gestacionales (REPG), que sería administrado por la Registraduría y al que se accedería por decisión de los padres para registrar los nombres y apellidos del bebé fallecido antes de nacer. Se pretende también que ese registro permita implementar cada vez políticas más eficientes contra las muertes fetales, infantiles y maternas en Colombia.
Eso sí, se advierte que ese registro no le otorgaría la categoría de persona de que trata el derecho civil ni crearía derechos sucesorales ni patrimoniales.
“(Se) permitirá a los padres que sufran esta dolorosa situación individualizar a sus hijos y recordarlos a través del tiempo con un nombre y sus correspondientes apellidos (…) se crea una opción diferente para que los padres lleven de una manera digna el duelo perinatal”, se lee en el proyecto de ley.
Adicionalmente, se precisa que la iniciativa, que se denomina “Yo también tuve un nombre”, no afecta ni incluye los eventos de interrupción voluntaria del embarazo en los casos aceptados por el ordenamiento jurídico colombiano.
El proyecto pretende también fortalecer las estadísticas en el país de pérdidas gestacionales, así como “cambiar el tratamiento de ‘productos’ o simples ‘restos biológicos’ que se le ha venido dando a cada criatura que, por diferentes circunstancias, no alcanza a nacer con vida”, señaló el congresista.
Se propone además aumentar en dos semanas (pasando de cuatro a seis semanas) la licencia remunerada en casos de pérdidas gestacionales. “Existen muchos casos en los que una mujer que realiza el trabajo de parto y pierde a su bebé, necesita el mismo tiempo de aquella que pudo tener un parto viable, más aún cuando por lo avanzado de su embarazo continúan marcadas secuencias del mismo, sumado al dolor y al duelo por la pérdida”.
Advirtiendo que más de 2,6 millones de bebés en el mundo fallecen cada año antes de nacer, Vergara dio cuenta de la situación en departamentos como Vichada, donde el año pasado hubo 63 pérdidas por cada 1.000 embarazos.