Al tiempo que avanzan las revelaciones de los denominados Papeles de Panamá, en el Congreso colombiano cursa un proyecto de ley que apunta a que los parlamentarios estén obligados a rendirles cuentas a los ciudadanos. Y no cualesquiera cuentas. Tendrán, por ejemplo, que dar a conocer su declaración de renta ante la DIAN o los nombres de sus asesores. Y aunque la propuesta sea muy popular, está claro que en el Capitolio no tiene el apoyo de las mayorías. Con un problema adicional: de no ser aprobado en su tercer de cuatro debates el próximo martes, quedará en la cuerda floja para hundirse.
El proyecto de ley orgánica, denominado de transparencia legislativa, es de autoría de un grupo de congresistas entre los cuales están Claudia López, Angélica Lozano, Armando Benedetti, Hernán Penagos, Heriberto Sanabria, Hernán Andrade y Carlos Fernando Galán, y reforma la ley Quinta de 1992, que consagra el reglamento del Congreso. En la sustentación del proyecto se señala que Colombia está relegada en la región en materia de transparencia legislativa.
El documento expone ejemplos como Argentina, donde existe un portal en el que los funcionarios públicos publican sus declaraciones de renta. En México, una norma obliga a que los servidores públicos den a conocer sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. En Chile, los congresistas deben entregar un informe mensual en el que relacionan sus votaciones, propuesta y posiciones en el parlamento, así como sus gastos y declaraciones patrimoniales.
El proyecto determina las obligaciones de los congresistas. Entre estas está presentar un informe de gestión cada semestre, la hoja de vida de sus asesores, su declaraciones de bienes, registro de intereses e inhabilidades, declaración de renta ante la DIAN y un riguroso informe de los viajes internacionales que realice. De estos deberá dar cuenta sobre cuáles fueron los objetivos, quién financió el traslado y los resultados de su visita. Además, establece que los parlamentarios tendrán que incluir un resumen de cada proyecto de ley en lenguaje sencillo y claro.
De otro lado, la iniciativa plantea que 30 días antes de la elección se deberán publicar los nombres y perfiles de quienes se postulen de candidatos a corporaciones públicas elegidas por el Congreso, como lo son la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se establecerá un canal para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones sobre los candidatos, hasta cinco días antes de que se realice la votación en el Congreso.
De igual manera, el presidente de la Cámara o del Congreso estará obligado a convocar a una audiencia pública con los candidatos al cargo mínimo ocho días antes de la elección. En dicha audiencia, los candidatos responderán a los cuestionamientos enviados por los ciudadanos y congresistas que participen en ella. Otro mecanismo de participación ciudadana estipulado por el proyecto de ley es la participación en la formulación de las iniciativas legislativas. Los mecanismos que se dispondrán serán virtuales y físicos y serán radicados como constancias.
Es así como este martes, el proyecto de ley orgánica de transparencia legislativa tendrá su prueba de fuego en la comisión Primera de la Cámara de Representantes. De su aprobación dependerá el futuro de la iniciativa, pues según explicó la representante Angélica Lozano, ponente en dicha corporación, de no ser aprobado esta semana, los tiempos estarán muy apretados y posiblemente sea hundida. “El plazo máximo es el 16 de junio, cuando se acaba la legislatura, pero la próxima semana las comisiones se concentrarán en el Acto Legislativo para la Paz, que tiene mensaje de urgencia. Trabajarán hasta mayo y así el tiempo sería muy corto para nuestro proyecto”, explicó la parlamentaria de la Alianza Verde.
“La modificación en la ponencia que está para debate es que revivimos la obligación de publicar la información patrimonial y la declaración de renta. Este aspectos había sido eliminado en Senado como exigencia de un bloque de parlamentarios encabezados por Martín Morales, quien hoy está detenido. Así que volvemos a insistir en esto, aun a sabiendas de que es lo que incomoda a muchos congresistas”, detalló Lozano.
Y es que precisamente el tema de las declaraciones de renta y de bienes es vital para que los ciudadanos conozcan los impedimentos e inhabilidades de los parlamentarios. “Los congresistas, un mes después de posesionarnos, tenemos la obligación de registrar en un libro este tipo de información. Pero han pasado 22 meses desde que se inició el nuevo Congreso y solo 67 han entregado su registro, hay 30 incumpliendo. Y eso se quiere volver público”, concluyó la parlamentaria.