Mucho se ha hablado sobre la resistencia de los partidos Conservador y de la U para retirar el artículo 12 de la reforma a la justicia —referente al fuero militar— y, en su lugar, concentrarse en el proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno, dedicado exclusivamente al fortalecimiento de la justicia penal militar. Pero poco se ha ahondado en los argumentos expuestos por las colectividades y lo que están pidiendo para dar el brazo a torcer.
Mientras que en la sombra se habla de un pulso entre el presidente Santos y el expresidente Uribe y su concepción personal del conflicto, o del fracaso para llegar a un acuerdo burocrático, lo que exponen ambos partidos son “graves vacíos” en la iniciativa radicada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Por eso, andan en conversaciones con la comisión asesora del Gobierno de manera que sólo cuando haya “seguridad” de que los militares y policías no quedarán “desprotegidos” se acceda a retirar el artículo 12.
El director del partido de la U, senador Juan Lozano, planteó cinco ‘peros’ y cinco propuestas. La primera crítica es la falta de claridad en el criterio de definición de los delitos que no deben ser conocidos por la justicia penal militar. “Hacia adelante es altamente peligroso para equivocaciones o para debilitar el fuero”, dijo. Otra objeción es que establece “sin precisión” la creación de una comisión mixta que llega al lugar de los hechos y define a qué jurisdicción corresponde un proceso. Según el senador, con este punto puede morir el fuero militar para siempre.
También está la imprecisión de los tribunales de garantías en relación con su integración, función y operación. Lozano criticó además que sea creada una Defensoría sin aclarar que sea adscrita al Ministerio de Defensa, “lo que puede terminar desvirtuando el propósito de la defensa militar”. La última objeción se refiere a las dudas en el desarrollo de una ley estatutaria que “puede ser un salto al vacío o tener un resultado incierto y peligroso para la Fuerza Pública”.
Las propuestas de la U son: “Delimitar con certeza los delitos. Para nosotros es claro que el fuero no debe amparar crímenes de lesa humanidad, genocidios, violaciones contra los niños, pero creemos que todos los actos legítimos del servicio deben ser conocidos por la justicia penal militar”. Y sobre la comisión mixta, la sugerencia es no dejar en minoría a los militares. Por eso, pide especificar su composición, modo de tomar decisiones, carácter y efecto de las mismas: “Si eso no se hace puede terminar un general exitoso procesado como un delincuente común”.
En lo de los tribunales, la U solicita que a ellos concurran los miembros de la justicia penal militar, no como convidados de piedra. Y que se diga que la Defensoría estará adscrita al mindefensa, que es donde están las personas que conocen el tema. Por cierto, cuando se comparan las solicitudes de la U con las del Partido Conservador se encuentran grandes coincidencias. Pero según Lozano, no es que se hayan puesto de acuerdo sino que “las fallas son protuberantes”.
Para el director del conservatismo, senador Efraín Cepeda, en el punto que dice que los militares “podrán” ser parte de los tribunales de garantías, se debe cambiar ese “podrán” por “deberán”. Además, señala que es indispensable que delitos excluidos de ser juzgados por tribunales militares no deben elevarse a norma constitucional sino a norma legal, por ejemplo, como el desplazamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales.
“Propusimos también un tema nuevo que es un fuero carcelario para militares y policías. Ellos no podrán ir a las mismas cárceles de guerrilleros y paramilitares porque sería muy peligroso”, agregó Cepeda. Y acerca del polémico acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía —suscrito en 2006 y que permite que las investigaciones contra los militares activos sean adelantadas inicialmente por la Fiscalía y que se ha dicho que no se puede reversar porque está demandando— aseguró que según algunos juristas las cosas se deshacen como se hacen.
La U y los azules esperan que el Gobierno les responda incluyendo sus propuestas en el acto legislativo del fortalecimiento de la justicia penal militar. Mientras tanto, seguirán firmes en que el artículo 12 se mantenga en la reforma a la justicia, convencidos de que son mayoría en la Comisión Primera, donde está semana debe ser radicada la ponencia de dicha reforma para iniciar la discusión.
Argumentos de Uribe
En un comunicado público, el expresidente Álvaro Uribe explicó sus argumentos en defensa del fuero militar:
“La justicia penal militar debe tener el primer conocimiento de una conducta militar. En 2004, nuestro gobierno decidió que la Fiscalía o el CTI estuvieran presentes para levantar el cuerpo del criminal dado de baja, para proteger al Ejército contra la infame acusación de que se trataba de un inocente vestido de guerrillero por los soldados. Buscábamos reforzar la acreditación de la transparencia, pero nunca debió darse el alcance de convertir el levantamiento en un desplazamiento de la justicia penal militar.
Las decisiones que tomamos durante 2004, 2005 y 2006, para proteger a los soldados contra la acusación falaz, para proteger los derechos humanos, para castigar y evitar falsos positivos, para enfrentar asesinatos de soldados a policías por narcotráfico —como ocurrió en Jamundí poco antes de la reelección de 2006— no tendrían por qué haber debilitado el fuero militar. Si así ocurrió fue por abuso en la interpretación o falta de oportuno ajuste en el texto.
Por eso, analizada esta experiencia, reitero hoy la necesidad de fortalecer el fuero militar a partir del principio de reconocer que el conocimiento inicial de la conducta del militar lo debe asumir la justicia penal militar, lo cual no se opone al imperativo de trasladar a la justicia ordinaria aquellos hechos que puedan tipificar delitos de lesa humanidad y otros”.