El vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, llamó la atención del país ante el recrudecimiento de la violencia y las violaciones a los Derechos Humanos en los departamentos de Cauca y Nariño, producto de hechos atribuidos particularmente a la guerrilla de las Farc.
Al manifestar su preocupación por las consecuencias que han tenido los ataques con explosivos y los hostigamientos registrados en algunas cabeceras municipales desde el fin de semana, el Sánchez Herrera insistió en la posición institucional respecto a que negociar en medio del conflicto no implica infringir el Derecho Internacional Humanitario.
Los últimos hechos tienen que ver con la activación de un artefacto en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé en momentos en que una patrulla de la Policía Nacional realizaba labores de registro y control en el muelle de esa localidad del Pacífico colombiano, afectando, además de los uniformados, a tres civiles que según las primeras informaciones habrían resultado heridos producto del estallido.
A estos hechos que son materia de verificación e investigación por parte de las autoridades, se suma el atentado del fin de semana en la cabecera municipal de Guapi (Cauca), donde al cabo de un concierto musical cerca al Hotel Río Guapi y al Colegio San José de esa población, fue activada otra carga que le ocasionó la muerte al patrullero de la Policía César Vaquero Suárez de 23 años y heridas a otras 15 personas (9 de ellas graves), incluida una mujer que perdió sus extremidades inferiores y dos menores de edad, estudiantes de la institución antes mencionada.
Tanto estas acciones como los hostigamientos que durante las últimas horas se han presentado en inmediaciones de la cabecera municipal de Toribío (Cauca), obligando entre otras cosas a la suspensión de clases en algunos colegios de esa localidad, han sido atribuidos a la guerrilla de las Farc, organización que el fin de semana reivindicó el asesinato del mayor Germán Méndez Pabón y el patrullero Edílmer Muñoz Ortiz, en hechos que como lo señaló oportunamente la Defensoría del Pueblo son claras infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En el caso del Cauca, las acciones protagonizadas por la guerrilla generaron la reacción de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional, generándose enfrentamientos en las veredas La Palma, la Mina y Pueblo Viejo, donde miembros de la comunidad afirman estar confinados ante el temor por los combates.
El pasado 17 de Marzo, cuando además de la desaparición del mayor Méndez Pabón y el patrullero Muñoz Ortiz, confluyeron situaciones de alteración al orden público en Tumaco, Policarpa, El Tambo, Guapi (Cauca) y el puerto de Buenaventura (Valle), la Defensoría del Pueblo alertó sobre el escalamiento del conflicto en el suroccidente del país, solicitó a las autoridades adoptar las medidas de prevención y contención de la violencia, y rechazó las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Farc en esos escenarios.
Cabe recordar que en el caso de Nariño, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría emitió el 16 de Diciembre de 2013 la Nota de Seguimiento 017, en la cual describió el escenario de riesgo sobre posibles hostigamientos y atentados con artefactos explosivos en contra de unidades y locaciones de la Fuerza Pública, así como eventuales alcances contra la población civil y la infraestructura en los municipios de Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, La Tola y Olaya Herrera.