A la prueba contrarreloj que enfrenta la reforma a la justicia para evitar su hundimiento, por no cumplir con los tiempos que contempla la norma para finalizar su trámite, le surgió un nuevo escollo. El pasado miércoles, cuando se daba por hecha su aprobación, fue necesario levantar la plenaria del Senado, pues por un error de la mesa directiva, que no declaró la sesión permanente, la iniciativa no se pudo votar, y de haberlo hecho, habría sido viciado el trámite.
Por este motivo la discusión y la votación de la etapa final del articulado de la reforma tuvieron que postergarse para el próximo martes, pero ya hay acuerdo para sacarla adelante. Decisión a la que no fue fácil llegar, pues en el Partido de la U existía una fuerte división interna, debido a la solicitud del expresidente Álvaro Uribe Vélez de hundirla.
Fue necesario un encuentro entre el mandatario Juan Manuel Santos con los senadores de la U para desenredar el trámite y lograr el respaldo de la colectividad. Sin embargo, este acuerdo no fue fácil, al punto de que el ponente de la colectividad, senador Juan Carlos Vélez, renunció a la defensa del acto legislativo en la plenaria de la corporación, al considerar que sería una falta de lealtad con Uribe.
Ya en el debate se logró sacar adelante varios de los puntos más candéntes que contempla la reforma, entre ellos el que tiene que ver con el presupuesto que se le asignará a la Rama para garantizar su independencia y funcionamiento, estipulado en el 2% del monto del presupuesto nacional y, para lograr la descongestión de los tribunales, se le dará un $1 billón adicionales durante los próximos cinco años.
En cuanto a las condiciones para acceder al cargo de magistrado titular en las altas cortes, se dice que la edad mínima para ingreso será de 45 años, el período pasará de 8 a 12 años y la edad de retiro forzoso será a los 70. Para evitar que luego de cumplir con su labor como magistrados salgan a hacer política, fue implementada una inhabilidad de un año después de su retiro. Al respecto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, manifestó que “no es conveniente que salgan a hacer política con las sentencias que realizaron como magistrados bajo el brazo”.
También contó con el aval de la plenaria del Senado la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En su reemplazo se crearía un tribunal especial para el juzgamiento de aforados nombrados por la Cámara. Las condiciones para acceder serán las mismas que para ser magistrado de las altas cortes.
Uno de los temas más complejos, que quedó pendiente de aprobación, es el que hace referencia a la ampliación del fuero para miembros de la Fuerza Pública, que contempla que el primer encargado en juzgarlos, en casos de investigaciones sobre acciones en el campo de batalla, sea la justicia penal militar. Ya hay un acuerdo para votarlo el próximo martes.