De nada valieron los análisis críticos de reconocidos juristas, los estudios de organizaciones especializadas en los temas jurídicos, las denuncias de los medios de comunicación sobre congresistas legislando en causa propia ni la amenaza de paro de la Asociación de Empleados Judiciales (Asonal). Ayer, la coalición de la Unidad Nacional impuso su ritmo en la plenaria de la Cámara de Representantes para aprobar por abrumadora mayoría, en último debate, la reforma a la justicia.
“El país llevaba más de 10 años detrás de ella. La reforma que salió, no siendo la ideal, es buena. Es una reforma concertada, que resuelve muchas cosas e incorpora otras importantes para la justicia”, expresó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, al fin de una sesión que no estuvo exenta de polémica. La bancada del Polo Democrático decidió hacerse a un lado argumentando falta de garantías para disentir en el debate. El ‘florero de Llorente’ fue la aprobación de una moción que obligó a que las proposiciones que se presentarán tuvieran el aval de una subcomisión de ponentes afín al Ejecutivo.
“Esta reforma sólo busca inmunidad para los parlamentarios que están siendo procesados”, dijo el representante del Polo Germán Navas, mientras que su copartidario Iván Cepeda anunciaba que buscarán promover un referendo revocatorio. Al proyecto le restaría la conciliación —el próximo martes— y la sanción presidencial. Si se presenta alguna demanda, como ya se ha anunciado, la Corte Constitucional deberá decidir si hubo o no vicios en el procedimiento. En este escenario, lo más probable es que se tenga que acudir a la figura de los conjueces, ya que todos los magistrados de las altas cortes son beneficiarios directos de la reforma. Estos son los puntos más importantes de la nueva ley:
Silla vacía
Esta figura, establecida en la reforma política de 2009, se incluyó en el acto legislativo y se amplió para toda clase de delitos en materia penal, además de las sanciones e inhabilidades que proceden a la pérdida de investidura.
Funciones judiciales a personal privado
El artículo 2° ha sido denominado por el Gobierno como “el cuerpo de la descongestión de la justicia”. En él se otorgan funciones jurisdiccionales a empleados judiciales, notarios y abogados. Los contradictores dicen que se está violando la autonomía de la Rama y es el paso definitivo hacia la privatización de la justicia.
Eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación
La tristemente célebre —por su inoperancia— Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes será reemplazada por la Comisión de Aforados Constitucionales. Ésta tendrá entre sus funciones adelantar el escrito de acusación y recoger las pruebas cuando se adelante un juicio político a algunos de los funcionarios aforados. A su vez, se designará una comisión de juristas que se encargará de revisar los 1.200 procesos que hoy yacen en dicha Comisión, para así hacer el reparto de investigaciones y determinar cuáles merecen antejuicio político y cuáles deberán ir a la Corte Suprema.
Antejuicio político a aforados
Los artículos 3° y 4° establecen que los altos funcionarios del Estado que tienen fuero —como el presidente de la República, el vicepresidente, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes—, cuando sean acusados de algún delito, enfrentarán un antejuicio político en el Senado, previa solicitud de la Cámara.
Pérdida de investidura
El artículo 7°, que definía las sanciones por indignidad política, estableció que la única sanción será la pérdida de investidura. Sin embargo, se quitaron las causales que provocaban inhabilidad para congresistas, ya que tanto los parlamentarios como el Gobierno consideraron que esta sanción no era propia de la pérdida de investidura, sino de los delitos electorales.
No más Judicatura
Con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura se procedió a crear el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial. Estará integrado por nueve miembros, entre quienes se encuentran los presidentes de las altas cortes, un delegado del Tribunal Superior de Distrito Judicial, otro del Tribunal Contencioso Administrativo, uno más de los jueces, un representante de los empleados judiciales, un delegado de las facultades de Derecho de las universidades y un representante de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a investigar asuntos de la Rama.
Más plata para la justicia
El Legislativo aprobó, en el artículo 12, en el cual se determina que la Rama Judicial tendrá, además del presupuesto girado ordinariamente, un aumento de $2 billones adicionales, que serán destinados para los planes de descongestión y la dotación de las oficinas que lo requieran.
Detención y doble instancia
Los parlamentarios sólo podrán ser detenidos una vez proceda la resolución de acusación. Por otra parte, se incluyó la doble instancia de los legisladores ante la Corte Suprema de Justicia.
Beneficios a los magistrados
El período de los actuales magistrados de las altas cortes se extendió a 12 años, al igual que la edad de retiro se amplió a 70.