No hay colombiano que no reclame justicia. La enorme impunidad en incontables actos de violencia o de corrupción en las últimas décadas es suficiente argumento para hacerlo. Pero también existe consenso social en torno a que verdades como las del proceso 8.000 o la parapolítica no hubieran salido a flote sin el valor de los jueces. Entre las dos concepciones hay un dilema político que en la actualidad pretende resolverse a través de una reforma a la Constitución, donde hoy prevalece más el pulso de poderes que la necesidad nacional.
Aunque realmente se trata de un debate de vieja data, que en los últimos tiempos viene desde la fracasada ‘miniconstituyente’ de López Michelsen en 1977 y que tuvo una especie de tregua en la Constitución de 1991, en el último lustro se agudizó por cuenta de los enfrentamientos entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia. De hecho, meses antes de concluir el segundo cuatrienio Uribe se alcanzó a presentar al Congreso un proyecto de reforma, que no logró avance alguno y que fue interpretado como revanchismo político.
Con amplia gobernabilidad de por medio y respaldo en las encuestas, la administración Santos se la jugó con una nueva propuesta, esta vez invocando a las altas cortes a buscar consenso. Y desde el principio, el tema común fue la urgencia de la descongestión judicial que, en últimas, es lo que pide la sociedad. No obstante, como era de esperarse, empezaron a surgir diferencias: la tutela contra sentencias judiciales, la doble instancia en juicios de congresistas o la prohibición a las cortes para nominar altos funcionarios de los órganos de control.
A las puertas de que la iniciativa concluya su primera legislatura, la distancia entre Gobierno, Congreso y cortes es cada día más grande. Y cada sector defiende una reforma que, a juicio de los entendidos, se fue por las ramas. En el tema de la descongestión, la propuesta apunta a entregar funciones judiciales a autoridades administrativas o particulares. Los magistrados temen que esto sea un paso hacia la privatización de la justicia. El Gobierno piensa que son algunos trámites que les quitan mucho tiempo a los jueces y demoran su acción.
Pero este es un asunto menor frente a los líos de la nominación de altos funcionarios, el presupuesto para la Rama Judicial, las inhabilidades para los magistrados, la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la ampliación del fuero militar o la creación de un tribunal de primera instancia para juzgar a los parlamentarios, dejando la Corte Suprema para las apelaciones. En todos estos aspectos lo único que no hay es consenso. Y la razón es que sigue prevaleciendo la política sobre la necesidad.
Una realidad que queda en evidencia con algunos comentarios. Por ejemplo, el senador Roy Barreras considera que el Congreso tiene que cumplir con su deber, pero que los jueces están para aplicar las leyes y no para hacerlas. En ese mismo sentido, el representante a la Cámara Alfredo Bocanegra observó que el problema es que hay temas de los que nadie quiere hablar, como el nepotismo judicial o la urgencia de que exista un régimen de inhabilidades para los magistrados, tan rígido y extensivo como el de los congresistas.
En contraste, el representante Germán Navas sostiene que lo único claro en el proyecto es una revancha del Congreso contra la Corte y el Consejo de Estado, pero en nada se va a beneficiar al ciudadano de a pie. Con una postura crítica semejante, el parlamentario Guillermo Rivera, quien va a presentar una ponencia alternativa, expresó que es un error revivir el fuero militar o quitarles a las cortes la posibilidad de nominar candidatos a los órganos de control. “Como va esa reforma, se está debilitando el Poder Judicial”, agregó.
Salta a la vista que ni siquiera en el Congreso hay unidad de criterios. A lo que apunta la reforma es a una imposición de las mayorías. Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, está convencido de sus bondades, en especial en el tema de las descongestión judicial, y admite que en el dilema de la postulación de candidatos la controversia surge de las críticas de la misma sociedad en torno a que los magistrados terminan participando en política. En otras palabras, el Gobierno no piensa por ahora echar marcha atrás en la reforma.
El problema es que como va sólo puede atizar aún más la lucha de poderes, sin examinar a fondo los temas que agobian a la sociedad: la impunidad, la intervención de la política u otros grupos de presión en las decisiones judiciales, el acceso del ciudadano del común a la justicia para resolver de forma rápida la violación de sus derechos, o la garantía de que habrá debido proceso y opción de controvertir errores judiciales. En pocas palabras, una verdadera reforma. Pero si la que hay poco remedia, más difícil será pensar en una para la gente.
Financiación de la justicia, aún pendiente
Desde que empezó el debate entre el Gobierno y las altas cortes por la reforma a la justicia, el tema de la financiación de la Rama Jurisdiccional tomó un carácter trascendental.
Los magistrados expusieron que no habría una reforma eficiente si no se aumentaba el presupuesto y se buscaba una fórmula para garantizar la independencia de la rama. Sin embargo, hasta hoy no existe un punto de acuerdo.
Algunos parlamentarios han manifestado su rechazo a que el problema de financiación se incluya en el proyecto que hoy cursa en el Congreso, por lo que han propuesto una novedosa estrategia. Se determinó crear una comisión de evaluación en la que participarán parlamentarios, funcionarios de la rama y representantes del Gobierno. De tal forma que, en el transcurso de esta semana, la mesa tripartita se sentará a debatir y será el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien tendrá que llevar la voz cantante y presentar una formula que permita llegar a un acuerdo efectivo.