El verdadero orden jurídico del Estado se encuentra en la coherencia entre la realidad y las normas constitucionales. Las Constituciones no son momias que se elaboran para venerarlas en los altares de los aciertos, incongruencias o equivocaciones y considerarlas intocables.
La Constitución normativa no puede ser el instrumento político de la irracionalidad e insensatez de las cúpulas de las Ramas del Poder Público. El Estado como presupuesto del Derecho Constitucional debe estar organizado en forma tal que genere orden y colaboración armónica para la realización de sus fines. Se requiere un severo ajuste constitucional de la parte orgánica del Estado, que modifique en forma congruente y a fondo su estructura desbalanceada y desvertebrada. De esa manera, se contribuirá a poner fin a los permanentes enfrentamientos entre las cortes, el Presidente y el Congreso.
Son inocultables los avances en la constitucionalización de los derechos fundamentales, pero también son múltiples los desaciertos de la Constitución. Cito algunos: Clientelización de la justicia, al intervenir en la escogencia de los jefes de los órganos de control; ausencia de la carrera judicial para acceder a las altas cortes; jurisdicción constitucional sin límites y controles; origen político en la selección del Fiscal, de magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; régimen bicameral en la Rama Legislativa.
También: ausencia de un mínimo de requisitos académicos para ser elegido congresista; reelección indefinida de los congresistas; funciones judiciales en cabeza del Congreso para juzgar a altos funcionarios del Estado; fuero del juzgamiento por la Corte Suprema para los delitos cometidos por los congresistas; elección de senadores en circunscripción nacional; carencia de voto programático para congresistas y Presidente; mecanismo de voto preferente en la asignación de curules en las corporaciones públicas, etc.
Si se reconoce que la norma superior quedó parcialmente mal hecha y ante la fuerza incontenible de las cambiantes realidades económicas, sociales, políticas y el caos institucional que ya aflora en el ejercicio del poder, se debe abrir el debate acerca de la necesidad de reformar la Constitución, sin degradar la riqueza en sus valores axiológicos y principios fundamentales. Sería el mejor homenaje a la vigencia del Estado de Derecho y la democracia.
*Ex senador de la República