Los anuncios de nuevas modificaciones al texto del proyecto de reforma a la justicia, hechos por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, durante la Asamblea de la Andi en Cartagena, volvieron a alborotar el avispero. Para algunos juristas se trata de una clara muestra de improvisación y falta de estudios serios, mientras que para el Gobierno no es más que un “perfeccionamiento” a la propuesta.
Uno de los cambios ‘de última hora’ que ha causado más roncha es el que tiene que ver con la doble instancia en el juicio a los congresistas. La idea inicial era que senadores y representantes fueran juzgados primero por el Tribunal Superior de Bogotá y luego por la Corte Suprema. Ahora, según Valencia Cossio, todo el proceso se quedaría en la Corte, con la primera instancia ante la Sala Penal y la segunda ante la Sala Plena. Además, como garante de los procesos entraría a operar la Corte Constitucional.
Para el presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, Jaime Horta, lo que queda claro es que se quiere “desvertebrar” a la justicia penal “al poner a toda la Corte Suprema como última instancia en los procesos a los congresistas. “Eso no tiene justificación, porque significa acabar con la Sala Penal. Se está pensando en una coyuntura para favorecer a congresistas que no merecen tratamiento preferencial. Que le dejen juzgamiento a la Corte y que la Fiscalía investigue”, enfatizó.
El temor de los juristas es que al ser la segunda instancia la Sala Plena, los magistrados especialistas en temas laborales y civiles serán quienes entren a revisar sentencias, como las de la parapolítica, lo que podría redundar en una congestión de procesos en el alto tribunal. En este sentido, el ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra dijo que resulta inoportuno modificar las funciones de la Corte Suprema y el mismo Consejo de Estado, cuando la propuesta no soluciona ninguno de los grandes problemas que tiene la justicia para los colombianos del común y corriente.
“Lo único que busca ese proyecto es hacer modificaciones para reforzar el poder presidencial. Cambiar las reglas del juego cuando un congresista es objeto de investigación no es serio. De hecho, cambiar el borrador a una semana de presentarlo es señal de que no hubo estudios, se improvisó y de que la propuesta es poco beneficiosa”, sostuvoel ex magistrado Beltrán Sierra.
Por su parte, el también ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes fue más allá al solicitarle al ministro Valencia Cossio que no presente la reforma. En su concepto, no es un momento oportuno cuando cerca de 70 congresistas están involucrados en el escándalo de la parapolítica: “Si el Gobierno quiere una segunda instancia para los congresistas, no debe buscar como una excusa la reforma a la justicia, ya que sería suficiente con presentar una proyecto de ley acerca del tema”.
Lo cierto es que la reforma sigue siendo el centro de la polémica. Todo indica que la posición asumida por las altas cortes la semana pasada —cuando rechazaron el proyecto y dijeron que no lo iban a estudiar porque no solucionaba nada—, ha hecho que el Gobierno comience a plantear reformas a la reforma, buscando la bendición de los involucrados para que así la iniciativa tenga un buen futuro en el Congreso de la República.
Las nuevas propuestas
– La doble instancia para los congresistas se haría en la misma Corte Suprema de Justicia.
– En la Corte Constitucional no habría cooptación y el nombramiento de sus magistrados sería como se ha hecho hasta ahora, es decir, elegidos por el Senado.
– La cooptación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura consagraría la obligación de realizar la elección en Sala Plena pública, sometida a veedurías.