En la recta final del proceso de paz que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), prevalecen el ruido de las noticias, los ajustes políticos, las especulaciones frente a las zonas de concentración de la guerrilla y la expectativa en torno al mecanismo con el que se refrendarán los acuerdos. El nerviosismo impera. Las presiones internacionales sobre la solución judicial enrarecen el panorama. La sumatoria de todos los factores justifica lo que ya se da por hecho: se está cocinando un reajuste ministerial.
Aunque la preocupación central del Ejecutivo es la suerte del plebiscito para la paz, que está en estudio en la Corte Constitucional, y de hecho el propio presidente ya le pidió públicamente al alto tribunal que le dé su respaldo, también son explícitos los comentarios de quienes creen que hay que ir pensando en un plan B por si el plebiscito se cae. La fórmula de la constituyente sigue rondando pese a la negativa rotunda del Gobierno, y ha surgido una tercera propuesta: una consulta popular independiente del apoyo o rechazo al Ejecutivo.
La idea la ha abanderado el constitucionalista y asesor jurídico de la Mesa de Diálogos para la Construcción del Acuerdo de Justicia, Rodrigo Uprimny. Según él, un plebiscito, de alguna manera, implica un respaldo o negativa a la gestión gubernamental, mientras que una consulta popular es independiente de las políticas del Ejecutivo. En otras palabras, el plebiscito está amarrado a que quienes lo votan le den oxígeno político al primer mandatario. La consulta popular se margina de la opinión sobre el Gobierno.
Por lo pronto, la palabra la tiene la Corte Constitucional, con un hecho inédito para sus reflexiones. El pasado 8 de febrero, a través de una carta abierta, el Estado Mayor Central de las Farc les hizo llegar a la propia Corte, el Congreso, el Gobierno y los países garante del proceso de paz, su punto de vista sobre el tema. Una vez más, la guerrilla rechazó el plebiscito, porque considera que lesiona el espíritu de los acuerdos. Lo hace con dos argumentos: que no se acordó en la mesa y que solo refrendaría una política del Gobierno.
Más allá de la discusión jurídica o política sobre la refrendación, el ambiente nacional sigue tenso. O, como bien lo señaló el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, se está más cerca de la paz en La Habana que en Colombia. Para la muestra el alboroto que se armó cuando se conoció que varios jefes de la guerrilla andaban en Conejo (La Guajira) haciendo “pedagogía de paz” y, de paso, de la constituyente. Hasta el propio Ejecutivo, que lo había autorizado, se rasgó las vestiduras argumentando que la insurgencia había violado los términos en que estaban autorizados los viajes.
El presidente Santos, en tono enfático, suspendió las visitas de los guerrilleros a sus frentes para hacer pedagogía de paz, les reclamó que se hubieran asomado a los centros urbanos y trazó las líneas rojas del Gobierno para la recta final: no a la constituyente, un número razonable y práctico de zonas de concentración sin población civil y que no podrán sugerir magistrados para los tribunales de paz. “Se agotó el tiempo”, clamó el jefe de Estado, a la manera de un ultimátum, porque el 23 de marzo ya se avizora.
En su discurso desde La Guajira, el primer mandatario soltó una frase que prueba que el entorno nacional es una olla a presión: “Si los puntos que faltan no se resuelven antes de la fecha acordada, los colombianos entenderemos que Farc no estaban preparadas para la paz”. Una forma de decirle a la guerrilla que no tiene cómo sostener más un proceso de paz que ya va por su cuarto año y que a 30 meses de dejar la Casa de Nariño, si la firma de la paz no llega pronto, es muy complejo implementar los acuerdos en un ambiente de lucha electoral.
Menos aún con el repertorio de problemas a los que se ha visto abocado por estos días el Gobierno: la crisis de la Policía, el escándalo de Reficar, el anuncio de un paro sindical para el próximo 17 de marzo, la ofensiva del Eln por los desacuerdos para iniciar una mesa formal de diálogos, los desacuerdos políticos por la venta de Isagén, el disco rayado del uribismo dándole palo, los cálculos de sus aliados políticos para tratar de sumar fichas en el Ejecutivo y hasta el drama de la desnutrición en La Guajira, con medidas cautelares de la Corte Interamericana a bordo.
Como si fuera poco, a 39 días de que Eduardo Montealegre concluya su misión en la Fiscalía, no hay terna para reemplazarlo y se especula que el vicefiscal Jorge Perdomo lo haría por conveniencia con el proceso de paz. Tampoco hay defensor del Pueblo en propiedad y nadie quiere asumir el cargo por los siete meses que le restaban de gestión a Jorge Armando Otálora. Y el procurador general, Alejandro Ordóñez, se ha convertido en un dolor de cabeza permanente, ya no solo en el proceso de paz, sino también para sus principales alfiles.
En los círculos políticos, todo este laberinto apunta en una dirección: cambios en el gabinete ministerial. Se rumoran relevos a tiempo con el regreso a las sesiones ordinarias del Congreso. El apetito de los partidos de la Unidad Nacional se advierte acucioso. El sonajero se empieza a agitar. Incluso se habla de un gabinete para el posconflicto. Eso como antesala al tema que va a reverberar en el escenario nacional: la definición de las zonas de concentración de la guerrilla y la llegada del proceso de paz a Colombia.