El 18 de marzo pasado, tras más de un lustro de espera, las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, en la cuenca del Atrato, territorio del Chocó, vieron cumplir un deseo de justicia aplazado por años: el reintegro de más de 25.000 hectáreas a su territorio colectivo.
Ese día, una comitiva del Gobierno integrada por los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, además de Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro; Juan Manuel Ospina, gerente del Incoder, y Vólmar Pérez, defensor del Pueblo, arribó a esta tierra de ríos caudalosos y selvas húmedas para darles la buena nueva a los habitantes de esta apartada zona. Las 25.479 hectáreas que habían sido usurpadas al territorio colectivo por particulares y empresas palmeras regresaban al haber de las comunidades negras, que tienen desde 2000 el derecho sobre 101.57 hectáreas que fueron tituladas colectivamente.
La historia del despojo a las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó, según un estudio del Cinep y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz —con apoyo de la Unión Europea—, se inició con la polémica ‘Operación Génesis’, que a través de la Brigada 17, en ese entonces bajo el mando del general (r) Rito Alejo del Río y en alianza con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba, se ejecutó en la zona entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, dejando como saldo 106 asesinatos y una estela de miedo que hoy, 14 años después, se puede percibir en los pobladores del “curva y el jigua” como se llaman entre coterráneos.
A partir de ese momento, el control paramilitar desató una oleada de crímenes y desplazamientos que dejaron a estos territorios, de tradición agrícola y maderera, casi despoblados. Fueron más de 4.000 los habitantes que tuvieron que hacer sus mochilas, soltar sus animales y tomar camino para alejarse de su tierra, la ahora ensangrentada y adolorida. Muchos llegaron a Turbo, Mutatá y Apartadó.
Mientras los ancestrales dueños de esta selva salían a la carrera para salvar sus vidas, los paramilitares al mando de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y Sor Tereza Gómez colaboraban con la entrada de 13 empresas palmeras que pusieron cercas, compraron notarios y registradores e ilegalmente se apropiaron de un cuarto del territorio negro.
Uno de los casos más representativos, y que ilustra cuál fue la modalidad de robo de tierras en esta región, es el de Urapalma, que adquirió 7.000 hectáreas. Esta compañía, en compraventa desarrollada en el año 2000, le compró al Lino Antonio Díaz 50 hectáreas. Lo extraño era que el señor Díaz había muerto cinco años antes de haber firmado la transferencia de título.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe y a través del ministro Fabio Valencia Cossio, se empezó el proceso de restitución del territorio. “Germán Marmolejo fue elegido en 2009, con el apoyo de las empresas palmeras, representante legal de las comunidades. Se pretendía entregar los territorios a nombre de él. La entrega estaba planeada para mayo de 2010, pero un auto de la Corte Constitucional frena el proceso y pide que se haga un censo para que la elección sea transparente”, explica uno de los líderes de Jiguamandó.
Pero a pesar de la voluntad política que ha demostrado tener el gobierno de Juan Manuel Santos de restituir y resarcir a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, aún falta mucho para que estas poblaciones vuelvan a tener una región en paz. Hoy existe un fuerte conflicto entre las más de 30 comunidades que habitan el territorio: unas, situadas en el Carmen del Darién, y otra, en la zona humanitaria de Las Camelias. La primera acusa de guerrillera a la segunda y la segunda de paramilitarismo a la primera.
Los problemas no paran ahí. Ambas comunidades le manifestaron a la comitiva ministerial su preocupación por la seguridad en la zona. Las amenazas siguen llegando a los líderes, el sabotaje a la comunidad de paz de Las Camelías es cada vez más frecuente y el enfrentamiento entre los del ‘Jigua’ y el ‘Curva’ adquiere mayor intensidad. Incluso, un día antes de la audiencia con las autoridades del Ejecutivo se produjo la quema de unos cultivos en Las Camelias. El censo está en marcha, los territorios que habían sido robados ya están limpios y listos para volver a sus gentes, pero la polarización entre éstas amenaza con entorpecer el retorno.
Lo que falta para el retorno
En palabras de Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, los títulos de las tierras de Jiguamiandó y Curvaradó ya están saneados. Se reintegraron más de 25 mil hectáreas y se prohibió, por decreto, cualquier transacción de predios en esta zona. Sin embargo, el proceso de retorno apenas comienza y el primer paso es un censo que la misma Corte Constitucional exigió como requisito para hacer el desembolso de las tierras recuperadas.
Durante el mes de marzo se han venido adelantando trabajos para realizar el censo de las poblaciones. El Gobierno tiene hasta finales de abril para hacer la cuantificación de los pobladores de las dos cuencas y la última semana de junio debe estar socializando los resultados con las comunidades.