Agilizar los procesos que se desarrollan en el marco de la Ley de Justicia y Paz, así como poner en cintura a quienes se acojan a ella, es el objeto de un proyecto de ley aprobado ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes —en el primero de cuatro debates—, de autoría de la Fiscalía General de la Nación y que ahora irá a la Plenaria de esa corporación bajo el título de ‘Proyecto de enmienda de la Ley de Justicia y Paz: 975 de 2005’.
La iniciativa, de 32 artículos, introduce una serie de instrumentos que buscan hacer más claros y expeditos los procesos penales contra quienes se hayan desmovilizado, en procura de hacer realidad en Colombia la promesa que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le hizo al país cuando planteó el proceso de negociación con los grupos de autodefensa: verdad, justicia y reparación.
Entre las principales herramientas que el proyecto contempla están el enfoque diferencial para la reparación de las víctimas, nuevos términos de tiempos para los desmovilizados que se postulen a la Ley, una serie de nuevas causales de exclusión del proceso para aquellos desmovilizados que intenten burlar el objeto de la norma y una reingeniería a la administración y persecución de bienes conseguidos mediante la utilización del poder armado ilegal, los cuales deben servir, principalmente, para reparar a las víctimas de los crímenes cometidos por estos exmiembros de grupos armados al margen de la ley.
“Nos permitirá agilizar los procesos de justicia y paz. Se priorizarán las investigaciones contra los principales responsables de los bloques paramilitares y guerrilleros con el fin de poder establecer responsabilidades. Se están creando varios criterios para la exclusión, como no dar los bienes para reparar o no haber confesado todos los hechos. La Fiscalía propone establecer audiencias colectivas de versión, imputación y formulación de cargos, con el fin de tener una visión más amplia de los crímenes cometidos con anterioridad a la desmovilización”, explicó Viviane Morales, jefa del ente acusador.
Del articulado se desprende que quienes hayan hecho parte de desmovilizaciones colectivas tendrán plazo de seis meses, después de expedida la ley, para solicitar su postulación a la misma. Igualmente, el Gobierno tendrá plazo de un año para presentar sus postulados, mismo período que aplica para quienes se presenten de manera individual.
El artículo 5° del proyecto introduce cuatro nuevas causales de exclusión del proceso de justicia y paz: cuando el desmovilizado no se presenta ante la justicia después de haber sido solicitado por ésta, cuando se encuentre que el postulado no cumplía con los requisitos para ser cobijado por los beneficios que la ley otorga, cuando los crímenes confesados no hayan ocurrido siendo miembro de algún grupo al margen de la ley y cuando el desmovilizado no haya entregado los bienes que tuviera en su poder directamente o a través de testaferros.
Uno de los artículos más novedosos corresponde a la denominada “vocación reparadora de los bienes entregados”, que consiste en que los inmuebles que sean dados por el desmovilizado sirvan para reparar a quienes hubieren sido sus víctimas, lo que quiere decir que éstos deberán tener aptitud para que sirvan a su fin, es decir, que sean plenamente identificables y que su administración no represente un gasto desproporcionado.
En otro apartado se contempla que en las audiencias preliminares deben ser tramitados los siguientes asuntos: adopción de medidas de protección a víctimas y testigos, medida de aseguramiento, medidas cautelares sobre bienes, restitución o cancelación de títulos obtenidos de manera irregular e imputación de cargos.
Durante la sesión en la Comisión Primera de la Cámara, la fiscal Morales hizo una férrea defensa de la Ley de Justicia y Paz, la cual calificó como “un proceso que está cambiando el país” y lanzó las cifras que sustentan su tesis: “Durante el proceso hemos recibido a 55 mil víctimas, que han tenido oportunidad de preguntar a sus victimarios en 27.700 ocasiones. Las audiencias se han transmitido en 535 municipios. Las víctimas han perdonado a 1.100 postulados y eso ha sido lo que más me ha conmovido. Incluso considero que a la frase de verdad, justicia y reparación hay que agregarle una cuarta palabra: el perdón”, expresó.
Sin embargo, la jefa del ente acusador resaltó la necesidad de mejorar la aplicación de la Ley, dado que, según sus propias cifras, hoy se han solicitado 451 audiencias de imputación que no han podido ser agendadas: “Hay 33 postulados que no han podido acceder a los beneficios de la norma porque están pendientes de que se les legalicen los cargos. Incluso, valga recordar que en los más de seis años que tiene de vigencia la Ley, sólo se han proferido tres condenas, de los casi 35.000 desmovilizados de las autodefensas”.
Es claro que este proyecto, que ya dio su primer paso en firme, hace parte de la batería legislativa de justicia transicional que el Gobierno ha echado a andar en el Congreso de la República —entre las que se cuentan la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, el Marco Legal para la Paz y otros diferentes decretos de enmienda de la destechada Ley de Justicia y Paz—. En voz de la misma Viviane Morales, “la justicia transicional es una necesidad a la cual el país no le puede dar la espalda”.