A lo largo de todos estos años de mandato de Álvaro Uribe, desde diversos sectores se planteó la idea de que la política de seguridad democrática tenía que convertirse en una política permanente del Estado. Esa fue, incluso, una de las razones que esgrimieron quienes impulsaron la reelección del Primer Mandatario.
Ayer, esa propuesta comenzó a hacerse realidad con la radicación en el Congreso, por parte de la senadora y ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, de un proyecto de ley que busca ese objetivo: que la seguridad democrática -programa bandera del presidente Uribe- sea una política de Estado permanente, más allá de quien ejerza la Presidencia de la República.
“Es necesario plasmar en una ley, una serie de instrumentos permanentes que le permitan al Estado diseñar y ejecutar una política de seguridad y defensa a mediano y largo plazo, independientemente de los Gobiernos”, dijo la senadora, para quien el tema es prioritario, porque la seguridad no se alcanza sólo con los esfuerzos de la Fuerza Pública sino con el apoyo de todas las entidades del Estado y de los ciudadanos.
Tras el reciente episodio en la frontera entre Colombia y Ecuador, donde se dio muerte a ‘Raúl Reyes’ y se criticó la falta de control de esa zona, la ex ministra hizo mención especial sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en los límites geográficos “aplicando el concepto de que es tan importante la presencia social del Estado como la de la fuerza pública en todas las zonas limítrofes”.
Un proyecto de esta naturaleza genera inmediatamente muchas inquietudes y los sectores de oposición traen al presente el intento que hizo el presidente Uribe, en su primer mandato, de establecer lo que se llamó un ‘Estatuto Antiterrorista’. En ese entonces, se cuestionaron temas como el otorgarle facultades de policía judicial al Ejército y la misma restricción de libertades civiles en algunos casos.
Sin embargo, frente al temor de la imposición de deberes a la población civil, la senadora Ramírez aseguró que no será así y que su proyecto está basado en principios para que en las políticas de defensa y seguridad se garanticen. “No se trata, pues, de imponerle deberes a la población civil por medio del poder Ejecutivo, sino de garantizar la observancia de sus derechos mínimos, el primero de los cuáles es su seguridad”, agregó.
Colombia tiene el mayor gasto militar de América Latina
Al tiempo que la senadora Marta Lucía Ramírez radicaba su proyecto en el Congreso, se conoció un estudio según el cual Colombia es el país con más gasto militar en América Latina. Según Diana Rojas, investigadora de la Universidad Nacional, el país pasó del 2,1% del PIB en el año 2000 a un 6,5% al término de 2007, incremento influenciado por la ayuda militar de Estados Unidos.
Su explicación es que en 1997, Colombia era visto por los americanos como un Estado en riesgo de colapsar, que se había debilitado a tal punto que constituía un riesgo y una amenaza para la seguridad regional por la fuerza que habían tomado los grupos armados irregulares.
“Aún ahora, la percepción es la misma. Estados Unidos piensa que la solución negociada es la salida para un conflicto como el que tiene Colombia, pero eso sólo es posible a partir de una fuerte presión militar que obligue a la guerrilla a negociar. Así que, lo que queda, es fortalecer la capacidad de respuesta del Estado colombiano”, dijo.
Algunos estudios en los cuales se apoyó Rojas para llegar a esa conclusión son los publicados por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Fedesarrollo, y estudios de José Fernando Isaza y Diógenes Campos, sobre el incremento del aparato militar.
Según la investigadora, ha sido el mismo gobierno colombiano el más interesado en que haya intervención muy fuerte de Estados Unidos a través de ayuda militar y por eso se ha hecho todo un lobby. Sin embargo, expone que esta iniciativa nacional de aumentar el gasto militar es también parte de un compromiso que el país no tiene mayor alternativa de eludir.
“No es que los Estados Unidos formulen esa política, pero sí hay un condicionamiento a la ayuda que le da a Colombia para la lucha antinarcóticos, un compromiso político de Colombia de asumir los costos de la guerra, y asumir los costos se traduce en un aumento del gasto militar”, explica.
Y finalmente plantea el interrogante sobre si Colombia está en capacidad de mantener ese ritmo de gasto militar en el futuro. Por que, si no es así, "¿qué pasaría y cuáles serían los efectos?"