Para nadie es un secreto que el proceso de restitución de tierras en Colombia está lleno de dificultades, sobre todo en lo que a seguridad se refiere. El propio presidente Juan Manuel Santos les ha pedido a los campesinos que “salgan a reclamar sus derechos, que no se dejen amedrentar”. Lo cierto es que en la práctica las cosas no están nada fáciles, por eso la Unidad Nacional de Protección, que había aprobado esquemas de seguridad para 45 líderes de restitución de tierras amenazados, amplió la medida a 175 personas.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, les prometió a los amenazados que ofrecerá esquemas duros de protección y “entre este mes y el entrante elevaremos a 175 el número de personas y dirigentes de programas de restitución que gozarán de las mejores condiciones de seguridad, no de cualquier forma, sino con esquemas duros”.
A juicio del representante a la Cámara, Iván Cepeda, la idea del ministro es bienvenida pero no resuelve el problema que radica en estructuras armadas que tienen detrás a influyentes ganaderos y agroindustriales que deciden cuándo ponerlas en acción.
“Que el Gobierno deje de utilizar eufemismos como ‘mano negra’ y ‘bandas’ y proceda a desentrañar con labores de inteligencia quiénes son los sectores poderosos. Que digan con nombres propios los grupos empresariales que están detrás de esta barrera a la restitución”, agregó el congresista.
La semana pasada, Cepeda denunció nuevas amenazas e intimidaciones al proceso de restitución y amplió la denuncia de la corporación Nuevo Arco Iris sobre los ejércitos antirrestitución de tierras, asegurando que “los informes están señalando que ya no son solamente 200 los municipios amenazados, sino esas estructuras están en 400 municipios”.
En el mismo sentido, el analista político Andrés Mejía Vergnaud dijo que el problema no se resuelve con esquemas particulares de seguridad, porque cuando se habla de ejércitos antirrestitución el problema es de orden público.
“Seguro va a ser una medida insuficiente y creo que el Gobierno no tiene la capacidad para ofrecer un esquema a un número tan grande de personas, así que tengo mis reservas de que esa protección sea efectiva. Además creo que las metas que ha vendido el Gobierno públicamente son un poco exageradas y ello merece una respuesta”, dijo Mejía.
La politóloga del Instituto de Ciencia Política, Marcela Prieto, cree que es natural que estemos frente a un escenario de intimidación, porque Colombia es el único país que puso en marcha un proceso de restitución de tierras sin resolver primero el conflicto. Sin embargo, destacó la voluntad de este gobierno porque es mejor tener la Ley de Tierras que no tenerla, a pesar de las dificultades, porque es un hecho que el conflicto no se va arreglar en el corto plazo.