El proyecto de reforma a la justicia que aprobó la plenaria del Senado en el sexto de ocho debates arrojó un completo ‘revolcón’ al Estado en la administración de justicia.
La iniciativa, que ahora deberá hacer tránsito por la comisión primera y la plenaria de la Cámara de Representantes, contempla polémicos artículos que establecen serias medidas hacia esa rama del poder.
Ampliación del periodo a magistrados
El primer artículo aprobado establece una ampliación de los periodos de los magistrados de los máximos tribunales del país.
Por iniciativa del senador Luis Fernando Duque se aprobó pasar de 8 a 12 años, los periodos en los cuales permanecerán los magistrados en dichos cargos.
Lo controvertible del artículo está basado en que ese periodo incluye a los actuales magistrados.
Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura
Y aunque hubo lío a la hora de votar ese artículo pues se dio en medio del amague de zambra en la plenaria, finalmente se aprobó eliminar de la rama judicial el Consejo Superior de la Judicatura.
Así se dio paso a la creación del Sistema Nacional de Administración Judicial, el cual estará encargado de la administración de los recursos destinados a la rama judicial.
Esta sala estará integrada por los presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia. Un delegado de los magistrados de tribunal y de los jueces, y un delegado de los empleados judiciales. Además, esa sala contará con la presencia del Gobierno. Ahí estarán con voz pero sin voto, el ministro de Justicia, el Fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.
Eliminación de la Comisión de Acusaciones
Igualmente, la plenaria el Senado aprobó la eliminación de la comisión de Acusaciones de la Cámara y la creación de una ‘Comisión de Aforados’ técnica, conformada por abogados y juristas “de muy alto nivel”.
Según el proyecto, la investigación en su etapa preliminar de los altos dignatarios del país, entre ellos el Presidente de la República, quedará en manos de particulares.
En esa instancia le “aconsejarán” a la plenaria de la Cámara si hay méritos o no para abrir un juicio político.
Congresistas, sin auto-blindaje
Aunque hubo una intención de que la privación de la libertad de los congresistas se diera cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia, finalmente se negó esa iniciativa.
La plenaria desmontó el ‘auto-blindaje’ que pretendían dejar en el proyecto y procedió a aprobar que se dé la detención de los legisladores cuando exista la resolución de acusación. Así las cosas no es tan laxa la aplicación de la justicia para los senadores.