Tres grandes anuncios del sector de la salud prometen un sacudón en el sistema el próximo año. Para empezar, el Ministerio de Salud y Protección Social salió a explicar lo que ya había notificado unos meses atrás cuando estalló el escándalo del carrusel de la salud: se reducirá el número de entidades promotoras de salud (EPS) por cuenta de un decreto que será expedido en los primeros meses de 2012 y que modificará al sistema único de habilitación de estas entidades.
Esto se traduce en que sólo sobrevivirán las EPS que cumplan los indicadores de gestión, atención en salud, calidad y desempeño financiero, metas que el Gobierno se ha propuesto para regir al sistema. Y anticipándose a los traumatismos que esta noticia podría generar, el ministro de Salud, Mauricio Santa María, afirmó que habrá un período de transición en el que los usuarios tendrán asegurado el servicio.
Otro anuncio importante fue hecho por el mismo presidente Juan Manuel Santos. Se trata de un pequeño capítulo de la Reglamentación Antitrámites, que terminará con largas esperas al teléfono. A partir de la firma de este decreto, el 12 de enero, las citas de medicina general y de odontología en las EPS podrán hacerse vía internet y las entidades tendrán que programarlas en un plazo máximo de tres días después de la llamada del usuario.
Para terminar, se hizo pública la creación de una figura en el sistema de salud para 2012 que se denominará defensor del usuario. Su objetivo principal y único será trabajar para garantizar el derecho fundamental de los colombianos. Aunque su creación todavía está en reglamentación, ha trascendido que cada departamento podría contar con defensor propio.
Entre los últimos anuncios se coló también uno sobre la creación de un sistema de regulación de calidad para el sistema, y algunos cambios en la unidad de pago por capitación (UPC, la prima que le da el sistema de salud a las EPS por cada afiliado) que serán anunciados hoy en el despacho del Ministerio.
La Unidad de Protección de personas está en riesgo
Tras las quejas instauradas por un grupo de alcaldes y gobernadores salientes, que argumentaban que sus vidas corrían peligro, pues una vez terminaran su período les retirarían los esquemas de protección, el Gobierno sancionó ayer un decreto para fortalecer la Unidad de Protección y así garantizarles su seguridad.
Mediante el Decreto 4912 se le otorgó poderes especiales a esa Unidad, la cual recibirá y tramitará las solicitudes de protección e información de personas cuya vida e integridad física corren peligro por cuenta de las actividades que desempeñan, sus convicciones políticas o religiosas. La Unidad de Protección tendrá la función de coordinar a las entidades encargadas de implementar los sistemas de protección.
El decreto establece 16 tareas que pasarán a ser responsabilidad de dicha Unidad, entre las que se destacan: asumir la gestión de las solicitudes de protección; coordinar a las entidades que brindan los servicios de seguridad; solicitar y sistematizar la información que permita analizar la situación particular de riesgo del peticionario, y realizar los oficios de seguimiento a los sistemas de protección.
Por otra parte, esta entidad tendrá que realizar la entrevista personal del solicitante, con el fin de ampliar la información relacionada con el nivel de riesgo. De la misma manera, tendrá que explicar ante el Grupo de Valoración Preliminar la petición de protección, el análisis de la situación y los resultados de la evaluación del riesgo a nivel territorial.
También estará obligada a adoptar las medidas de protección recomendadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), así como tendrá la obligación de hacer un seguimiento periódico de la implementación y eficacia de las medidas de protección. Al igual que se encargará de trasladar a la Fiscalía las amenazas de que hayan sido objeto las personas que solicitan medidas de protección.
La cruzada antitrámites
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció ayer el impulso a un decretoque permite la eliminación de trámites como certificado de supervivencia, huella dactilar y autenticaciones notariales a partir del próximo año.
“La Consejera para el Buen Gobierno, María Lorena Gutiérrez, la Consejera para la Gestión Pública y Privada, Catalina Crane, y otros funcionarios, han venido trabajando en las facultades que nos otorgó el Congreso para eliminar trámites. Son muchísimos los que se van a eliminar y muchísimas medidas que se van a tomar. Este es un decreto que se va a expedir antes del 12 de enero”, expresó el jefe de Estado.
Uno de los trámites que los colombianos ya no tendrán que realizar es las largas filas y diligencias para adquirir el Registro Único Tributario (RUT), el cual se podrá solicitar a través del portal de Internet de la Dian, con lo que beneficiará a cerca de seis millones y medio de ciudadanos .
Por otra parte, se elimina el certificado de supervivencia, que evitará que los adultos mayores no realicen largas filas cada tres meses para ser identificados como personas vivas y así reciban su pensión.
También desaparecerá, a partir de junio del año entrante, la huella dactilar como requisito para realizar ciertas operaciones “Aquellos procedimientos que requieren por algún motivo la huella, que van a ser muy pocos, eso no va a ser con la forma tradicional, sino que las entidades van a tener que usar la huella dactilar electrónica, para evitar esa cantidad de trámites con la huella y la tinta”, señaló el Presidente.
Finalmente, uno de los procedimiento más engorrosos para los colombianos es la autentificación de toda clase de documentos. “A los ciudadanos hoy en día los hacen autenticar todo. Eso no va más. Ya vamos a eliminar las autenticaciones. Esa es una medida que va a facilitarles mucho la vida a muchos colombianos”, aseguró el jefe de Estado.
Según Santos, con esta cruzada antitrámites se va a cumplir el artículo 86 de la Constitución Política , según el cual todos los ciudadanos gozan de la presunción de la buena fe. “Estamos presumiendo la buena fe y las medidas que menioné son sólo algunas de las que irán en ese decreto”.
Reglamentación del nuevo sistema de regalías
Después de que se aprobara la ley que reorganiza el sistema general de regalías, el pasado 18 de julio, y de que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, saliera de la sesión con su promesa esculpida en piedra de que no se centralizarán los recursos provenientes de las regalías, el Gobierno emitió el decreto que reglamenta el nueva sistema.
Bajo el Código 4923, de 2011, se estableció que el nuevo sistema de distribución de estos recursos será de la siguiente manera: se crea un Fondo de Compensación, que está destinado “a nivelar la cancha en todos las regiones del país”, tal y como lo expresó el ministro Echeverry. La nivelación se hará según las necesidades básicas insatisfechas, que tendrán un valor del 50%; el número de la población, con el 40%, y el desempleo con el 10%.
Por otra parte, se establece el Fondo de Desarrollo, al cual tendrán que llegar los proyectos de los entes territoriales. En éste las necesidades básicas insatisfechas tendrán un valor del 60% y el número de habitantes, un 40%.
Los porcentajes de distribución quedaron de la siguiente manera: el 10% estará destinado para el sector de ciencia y tecnología, 40% irá para ahorro (10% para pensiones y el 30% para el Fondo de Estabilización), y el 60% restante estará destinado a los nuevos fondos (Compensación 60% y Desarrollo 40%).
Con este nuevo sistema de regalías, que Echeverry metaforizó como “untar la mermelada en toda la tostada”, se pretende que los dineros provenientes de la explotación de los recursos no renovables contribuyan a sanar la necesidad de las regiones.
Los gobernadores y alcaldes entrantes ya comenzaron a hacer gestiones para la aprobación de proyectos en los 700 municipios más pobres del país.
Otras normas
El acceso a la vivienda
Con el decreto 4916, el Gobierno amplía el plazo para otorgar subsidios que les permitan a las familias víctimas de las olas invernales de este año adquirir viviendas de interés social a través de las Cajas de Compensación Familiar. Ahora irá hasta el 30 de junio del 2012.
Empleo de emergencia
Dadas las condiciones de vulnerabilidad en que han quedado miles de familias por cuenta del invierno, el Ejecutivo ha decretado la creación del empleo de emergencia con el fin de ejecutar obras de reconstrucción.
Impulso a las artes escénicas
Con la intención de formalizar el sector de los espectáculos públicos de las artes escénicas, se sancionó la ley 1493 de 2011 que pretende democratizar el acceso a los espectáculos culturales mediante una serie de incentivos tributarios. La ley plantea incentivos tributarios como la disminución del impuesto de renta para artistas no residentes en el país, del 33% al 8%; exención del pago del impuesto (IVA) a los servicios artísticos y servicios conexos con dicha actividad, y la eliminación del 10% del impuesto nacional de espectáculos con destino al deporte y del impuesto municipal de azar y espectáculos para el sector de las artes escénicas.