Fue el propio registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, quien manifestó que las elecciones están desfinanciadas: “En el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda no se tuvo en cuenta el aumento del censo electoral. Nosotros tuvimos el año pasado un censo de 29 millones y para el próximo año podríamos estar llegando a 31 millones de personas habilitadas para votar. Lo preocupante acá es que el monto asignado se planteó con un censo de 27 millones —el mismo de hace cuatro años— más el aumento del PIB”.
Sánchez explicó que por este concepto hay un déficit de cerca de $47 mil millones en lo que tiene que ver con el aumento en 5.700 mesas de votación. Además, agregó que tampoco está contemplado en el presupuesto la implementación de medidas para la transparencia, como el voto electrónico y la identificación biométrica.
En el proyecto de ley estatutaria, que está en trámite en el Congreso, está contemplada la implementación de la identificación biométrica para evitar la suplantación del votante, uno de los delitos más recurrentes en las jornadas electorales, pero ésta tampoco está incluida en el presupuesto.
De acuerdo con el presupuesto que maneja la Registraduría, la implementación de este mecanismo en zonas históricamente declaradas de alto riesgo de fraude electoral costará cerca de $30 mil millones y si se realiza el montaje en todo el país el costo superará los $100 mil millones.
Si el Gobierno pretende la implementación del voto electrónico, señala el Registrador, el presupuesto para la organización electoral tendría un déficit que llegaría hasta el medio billón de pesos.