Cuando los seguidores y contradictores del presidente Álvaro Uribe Vélez permanecen atentos al referendo que busca promover su segunda reelección, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio una noticia que dejó con la boca abierta a más de uno: “No hay plata para tanto referendo”. Así las cosas, el anuncio no es una traba sólo para el conteo de las firmas que buscan dar a Uribe otros cuatro años, sino que pone en riesgo otras iniciativas como la que pretende consagrar el agua como derecho fundamental y la cadena perpetua para violadores.
Los primeros sorprendidos fueron los uribistas. El secretario del partido de la U, Luis Guillermo Giraldo, dijo que no tenía ni idea de la falta de presupuesto de la entidad, pero no por eso desistirán del objetivo que se trazaron de llevar la próxima semana más de siete millones de firmas al organismo electoral, superando ventajosamente lo que exige la ley para estos casos: un millón 400 mil rúbricas que representan el 5% del censo electoral del país.
Según el registrador, Carlos Ariel Sánchez, el presupuesto de la entidad no es suficiente, por eso, decidió enviarle una carta al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, solicitando un incremento de recursos. “Pido una asignación presupuestal especial para atender tales solicitudes”, agregó Sánchez.
Es que las cuentas no dan. Sólo la vinculación de personal para revisión de rúbricas del referendo de reelección presidencial cuesta 589 millones 810 mil pesos, los otros dos procesos tienen un valor de 252 millones 775 mil pesos cada uno. Es decir, que el trabajo de las tres iniciativas supera los mil millones 95 mil pesos, sin contar con los elementos físicos que se requieran.
Pese a la claridad de los cálculos y anticipándose a la respuesta del Ministro, la senadora del partido de la U, Piedad Zuccardi, es optimista y cree que internamente se tendrá que hacer un traslado presupuestal. “La Registraduría no se puede oponer a revisar algo que los colombianos han plasmado de manera voluntaria en los formularios”. Lo mismo opinó la senadora Dilian Francisca Toro, quien ve en manos de Zuluaga una obligación. Pero como los uribistas no son los únicos afectados por la falta de presupuesto, la concejala de Bogotá Gilma Jiménez, promotora de la iniciativa de cadena perpetua para abusadores sexuales, está convencida de que el Ministro de Hacienda tiene que tomar todas las previsiones para garantizar que la democracia se cumpla.
Cuentas de referendos
En 20 días hábiles cada funcionario puede revisar 40 mil respaldos de los siete millones que presentarán en el referendo presidencial, por eso es necesario contratar a 175 personas para que desarrollen esta labor. Esto implica un costo de $589.810.146. A eso se le deben sumar $269.266.000 en elementos físicos.
Como la Registraduría espera que el referendo por el agua y cadena perpetua presenten tres millones de firmas necesitará cada iniciativa 75 funcionarios que costarían en cada caso $252.775.775. Los precios en elementos físicos para la verificación son de $122.540.000.
La Registraduría sumó los gastos totales de los tres referendos y encontró que cuestan $1.609.707.696.