Con su conciliador estilo, el presidente Juan Manuel Santos logró destrabar el trámite de la reforma a la justicia, proyecto que había generado enormes diferencias entre el Congreso y las altas cortes que amenazaban con el hundimiento de la iniciativa. La fórmula para lograr este acuerdo no fue tan compleja: cada uno de los involucrados en este debate —justicia, Legislativo y Gobierno— recibieron algunas concesiones y la salida fue salomónica.
Congreso
La prioridad para los parlamentarios era que se les otorgara el derecho a la doble instancia en los procesos en su contra y así lo lograron, tanto en las investigaciones disciplinarias, como en las penales y administrativas. Tal como lo había informado El Espectador, los procesos penales se llevarán a cabo en la Corte Suprema de Justicia, donde se creará una sala especial de investigación y acusación. El juzgamiento en primera instancia será realizado por una parte de los miembros de la Sala Penal y la segunda instancia la llevará a cabo la Sala Plena, con los magistrados de la Sala Laboral, la Civil y los de la Penal, que no participaron en la primera instancia.
En materia de procesos disciplinarios, se crearán dos salas adscritas a la Procuraduría General de la Nación, en las que no tenga injerencia el jefe del Ministerio Público y las sanciones se basarán en lo contemplado en el Código Único Disciplinario. De igual forma sucederá con los procesos ante el Consejo de Estado, donde habrá doble instancia y, tal como viene la reforma, habrá sanciones diferentes a la pérdida de investidura.
Cortes
Los magistrados no querían ser juzgados del mismo modo como los congresistas, lo que representaría un fuerte debilitamiento de su fuero. Luego de un extenso debate, lograron que antes de que los procesos lleguen a la Corte Suprema de Justicia es necesario que exista un juicio político en la Cámara de Representantes. El temor de los magistrados era tener que hacerle frente a la justicia penal ante cualquier tipo de denuncia en su contra.
Ante la confirmada eliminación de la Comisión de Acusaciones, los procesos políticos serán asumidos por cualquiera de los representantes a la Cámara asignado por el presidente de la corporación, una vez el representante investigador entregue su informe, la plenaria de la corporación decidirá si acusa o no al funcionario cuestionado.
Además, en materia de presupuesto para descongestión y funcionamiento fue radicado un presupuesto de $1,8 billones a invertir en seis años. En cuanto a la partida anual, el monto asignado para 2012 aumentará el valor del Índice de Precios al Consumidor más el 2% anual.
El Gobierno
Con estas concesiones el gran ganador fue el Gobierno, que ahora queda con el camino despejado para tramitar la reforma a la justicia, una iniciativa que parecía condenada al fracaso, pues en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe no pudo salir adelante pese a los intentos de los ministros de Interior y de Justicia como Fernando Londoño, Sabas Pretelt, Carlos Holguín y Fabio Valencia, quienes fracasaron en el intento.
Además, los temas referentes a la descongestión judicial, como la asignación de funciones jurisdiccionales a notarios y funcionarios de la rama, que generaban resistencia entre los representantes de las altas cortes, también serán aprobados.