Que la Yidispolítica podría prescribir en tres semanas por cuenta de las recusaciones y nulidades que han pedido sus protagonistas es una preocupación mayúscula que aqueja a la Fiscalía. Así lo divulgó este diario en su versión de este domingo 12 de mayo. Uno de esos protagonistas es el alfil del uribismo, Sabas Pretelt de la Vega, el expresidente de Fenalco que se unió al proyecto uribista como ministro del Interior, acusado junto con el exministro de Protección Social, Diego Palacio, y el exsecretario de Presidencia, Alberto Velásquez, de haber ofrecido prebendas para conseguir que el Congreso aprobara la reelección presidencial.
Personas allegadas a este polémico expediente aseguran que la estrategia de las defensas de estos tres escuderos del expresidente es, a punta de memoriales, dilatar el proceso hasta que perezca. Pretelt, sin embargo, opina distinto. Según le dijo a este diario, “mi único interés es que la justicia falle a mi favor por ser inocente, no me preocupa el tema de la prescripción. No es cierto que mi caso vaya a prescribir en pocas semanas”. El alto exfuncionario dice sentirse maltratado, asegurando que la estrategia no es la dilación sino, al contrario, desprestigiarlo ante la opinión pública para que su caso no tenga manera de prosperar.
Según la Fiscalía, el exministro Pretelt de la Vega le ofreció a los exrepresentantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño -ambos condenados ya por este escándalo – notarías a cambio de que hicieran su aporte para conseguir el beneplácito del Congreso sobre la posibilidad de un segundo periodo de mandato para el entonces presidente Álvaro Uribe. Esa acusación Pretelt la encuentra absurda. “Mi delito fue trabajar con eficiencia por mi país en calidad de ministro. Con este procedimiento de cuestionar las reuniones con las bancadas acabarán persiguiendo al presidente actual y a sus ministros, y no se podrían discutir los proyectos de ley, lo que es un deber legal”.
Pretelt expresa que las “pruebas reinas” que hay en su expediente para favorecerlo no han sido tomadas en cuenta. Que lleva cuatro años pidiendo pruebas y otros argumentos, pero que en respuesta lo han “humillado” y torturado, haciénlo de paso “un enorme daño a mi querida familia”. Lo peor, sostiene, es que la Fiscalía lleva 210 semanas torturándolo sicológicamente. En el ente investigador afirman que toda medida tomada en el caso de la Yidispolítica ha sido con el ánimo de hacer prevalecer la justicia. “Ha sido muy estimulante para mí la solidaridad que me han expresado miembros importantes de la oposición al anterior gobierno y le garantizo que no conocen ni el 10% de las canalladas que estoy padeciendo”, dice Pretelt de la Vega.
El exministro Diego Palacio le manifestó a este diario sus reparos con el hecho de que, a partir de diciembre y por una modificación que el Congreso le hizo a la Constitución, la Yidispolítica (antes del resorte del fiscal general por tratarse de aforados) pasó a manos de un fiscal delegado. Pretelt, por su parte, no sólo tiene reparos sino que los volvió petición de nulidad, teniendo en cuenta como antecedente a su favor que la Corte Suprema, en 2011, había anulado todo el proceso porque lo había acusado el vicefiscal (e) Fernando Pareja y no el fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago. “La misma Corte había ordenado claramente que sólo podía actuar de manera exclusiva, y de ser el caso acusarme, el fiscal general , y también advirtió que me estaban violando el fuero como exministro y desconociendo la Constitución colombiana”.
Pretelt, además, recusó al fiscal que ahora maneja el proceso, el delegado ante la Corte Suprema, Álvaro Osorio. Según el ministro, el Osorio debía haberse declarado impedido para conocer la Yidispolítica desde un principio. Según Pretelt, Osorio conoció el expediente de la Yidispolítica desde que Pareja lo tenía en su poder, y a pesar de esa inhabilidad la fiscal Viviane Morales le delegó el caso. “¿Dónde está la imparcialidad de la Fiscalía?”, reclama el exministro del Interior del gobierno Uribe.
Lo cierto es que el próximo 4 de junio se cumplirán 8 años desde aquella madrugada en que, con 18 votos a favor y 16 en contra, la Cámara de Representantes le dio el empujón final al proyecto reeleccionista que dio paso al segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez. A principios de mayo quedaron en firmas los llamados a jucio de la Fiscalía contra Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez, y en el caso de Bernardo Moreno se le imputará un segundo delito además de cohecho: tráfico de influencias. La Fiscalía espera que de ninguna forma los recursos que han interpuesto los acusados se traduzcan en la prescripción del expediente. Varios sectores de la opinión pública también anhelan que sea la justicia y no la tramitología la que tenga la última palabra. Sabas Pretelt, asegura, busca lo mismo.