El superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán, explicó las últimas decisiones que tomó en medio del proceso de renovación de licencias de conducción.
En medio del debate porque hace una semana suspendió a varios centros de reconocimiento de conductores, Durán dijo que lo único que busca es “proteger el derecho a la vida”.
“Permitir a una persona, dentro de los estándares mundiales de salud, no ser apta para asumir una actividad riesgosa y obtener un privilegio que se materializa en portar una licencia de conducción, es un acto reprochable frente a la vida”, señaló.
Además, según el superintendente, “vender certificados sin haber realizado los exámenes médicos solía ser una práctica usual, y las consecuencias frente a estos actos delincuenciales han cobrado cuantiosas vidas humanas”.
Explicación de Juan Miguel Durán
Convivimos en Colombia con prácticas que para algunos pueden ser cómodas y para otros un negocio fácil y lucrativo, sin pensar en los efectos que éstos traen a la sociedad y a los particulares, en los casos en que algún pariente o conocido ha sido víctima de un accidente de tránsito. Nos preguntamos por qué hay conductores que no cumplen con lo establecido en las señales de tránsito, otros que no ven pasar un peatón hasta que lo atropellan y nos cuestionamos qué tan fiable es quien maneja un bus escolar o un bus que transporta a un grupo de personas de un municipio a otro.
La respuesta está en el cumplimiento de las normas y en ejercer autoridad. En este Gobierno se han tomado medidas para disminuir la accidentalidad y así proteger el derecho a la vida de los colombianos. Estas medidas pueden no gustarle a algunos, los que le dan mayor importancia a su propia comodidad en el momento en que prefieren pagarle a una persona para que obtenga certificados y documentos falsos y así poder engañar a la autoridad frente a su conocimiento y aptitud para asumir la responsabilidad de conducir un vehículo. Otros prefieren ganarse un peso más, incumpliendo con los requisitos que establecen las leyes colombianas, y por las cuales el Estado les ha permitido habilitarse para prestar un servicio que debe garantizar la idoneidad de un conductor.
Existen 287 centros de reconocimiento de conductores (CRC) en el país, que se estima generan solo la mitad de los certificados de aptitud física, mental y coordinación motriz con el cumplimiento efectivo de los exámenes por parte de quienes lo solicitan. Permitir a una persona, dentro de los estándares mundiales de salud, no ser apta para asumir una actividad riesgosa y obtener un privilegio que se materializa en portar una licencia de conducción, es un acto reprochable frente a la vida.
La Superintendencia de Puertos y Transporte, Entidad responsable de vigilar el buen funcionamiento de los CRC, tomó cartas en el asunto y decidió convocar hace un año a los gremios del sector con el fin de lograr establecer un sistema que le permita detectar las anomalías que hasta hoy venían presentándose. Vender certificados sin haber realizado los exámenes médicos solía ser una práctica usual, y las consecuencias frente a estos actos delincuenciales han cobrado cuantiosas vidas humanas. Como resultado de las mesas de trabajo con aquellos que han visto un sector debilitado por la ilegalidad y proclive a incurrir en prácticas desleales, se logró cumplir con una obligación ética, moral y legal y así enviarle un mensaje contundente al país: quien no cumpla potencialmente atenta contra la vida.
La solicitud de acompañamiento realizada a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la inclusión de todos los gremios de CRC que quisieren participar, las alertas dadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera contribuyen a un proceso transparente que hoy ha permitido a la Entidad exigir requisitos tecnológicos necesarios para lograr una vigilancia efectiva. Quienes vayan a realizar sus exámenes en un CRC tendrán que pagar en un banco o en los puntos Baloto el costo del certificado, luego dirigirse a un CRC de su elección y finalmente identificarse con su huella dactilar al iniciar cada examen, la cual será cotejada con la Registraduría General de la Nación. Lo anterior le permite a la Supertransporte obtener diariamente un cruce de información por parte del sector financiero, el RUNT y el mismo CRC frente al número de certificados expedidos. Al encontrarse incongruencias, funcionarios de la Entidad entrarían a revisar los videos y demás herramientas tecnológicas implementadas para establecer si hay o no lugar a una indagación administrativa. La Superintendencia ha contratado a un tercero para que sirva como homologador del sistema, garantizando así que cualquier empresa interesada en prestar el servicio a los CRC cumpla con los requisitos mínimos establecidos, permitiendo que en el tiempo cualquiera pueda homologarse.
Acabar con la ilegalidad en tan importante sector, sumado a las actuaciones realizadas por el Ministerio de Transporte frente al cambio de la licencia de conducción, permite recobrar credibilidad en la seguridad vial. El compromiso de aquellos que creen en prestar un servicio idóneo y de las entidades encargadas de vigilar y regular al sector es total. De ser así, no habría traumatismos en el trámite de los certificados y en la obtención de las licencias de conducción.
Acoger la moral, venerar la ética y obedecer la legalidad garantizan el orden, la convivencia, la vida.