Las críticas de las organizaciones internacionales, la preocupación por la posibilidad de que se presenten casos de impunidad de forma sistemática, los intereses políticos y hasta los celos entre parlamentarios son los motivos que tienen a la reforma constitucional, denominada como marco legal para la paz, cerca de naufragar en su trámite legislativo.
El marco legal para la paz es una de las prioridades del Gobierno, pues con la aprobación de esta norma el presidente Juan Manuel Santos recibiría del Congreso lo que él mismo ha denominado como las llaves para la paz, que son, en síntesis, las bases jurídicas para iniciar diálogos con grupos armados y lograr una salida negociada al conflicto.
Es esa facultad la que ha generado gran preocupación entre los parlamentarios e incluso ya hay quienes plantean que la mejor vía es su hundimiento. Así lo afirma el representante Obed Zuluaga, autor de una proposición de archivo, con el argumento de que “le estamos firmando un cheque en blanco al Gobierno y de una vez la escritura de liquidación del Congreso, porque en cualquier momento van a reglamentar un proceso de paz quitándonos estas funciones”.
En el mismo sentido, el representante Alfredo Bocanegra afirmó que “los desarrollos legislativos deben estar en manos del Congreso, no podemos permitir que mutilen sus funciones para que de la noche a la mañana se haga una negociación a espaldas del país, con unos protagonistas que tienen muchas ganas de aparecer en los medios y conseguir dividendos políticos”.
El señalamiento de Bocanegra va dirigido al senador y virtual presidente de la corporación, Roy Barreras, quien es coautor del marco legal para la paz, pues en la Cámara se ha generado incomodidad por el manejo político que le ha dado al tema de la paz. Al respecto, el representante Miguel Gómez afirma que “en este caso el mensaje y el mensajero son equivocados, si el Gobierno quería que este proyecto saliera adelante, Roy no era el mejor, lo digo porque él ha demostrado que entiende la política como el sistema de adecuarse a quien tiene el poder”.
Zuluaga afirma que “Barreras, cuando salga de la presidencia del Senado, habrá cumplido su ciclo legislativo y tendrá con el marco legal para la paz una herramienta para buscar un puesto en el Gobierno. Poco le importa que se le quiten funciones al Congreso”.
Además de la mecánica política y las críticas por la renuncia a las funciones legislativas, la principal preocupación radica en la posibilidad de que una negociación a futuro se convierta en un instrumento de impunidad. Gómez Martínez advierte que “se está partiendo de la base de que la paz va a surgir de la impunidad y sólo puede hacerlo de la justicia. Esta reforma plantea que el Estado pueda suspender la acción legal contra personas que hayan cometido crímenes atroces, así los delincuentes quedarán impunes y con garantías políticas plenas”.
La exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez también la considera inconveniente y propone su archivo, al señalar que “si hay conversaciones y negociaciones, cuando ya se hayan puesto puntos claros sobre la mesa, en ese momento el Congreso podrá abordar el tema de cara al país. Como está sucediendo no es claro, transparente ni conveniente”.
Hoy el Gobierno, pese a las críticas, tratará de sacar adelante el marco legal para la paz que ha ganado detractores tanto en Colombia como en el extranjero, en donde hay actores tan influyentes, como la ONG Human Rights Watch, que han manifestado sus preocupaciones al respecto, dejando sobre el tapete la posibilidad de que, de entrar en vigencia la reforma constitucional, será la Corte Penal Internacional la que dicte la última sentencia frente al conflicto en el país.