Un drástico régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones a los servidores públicos –algo así como un tatequieto al dichoso ‘roscograma’–, propondrá el Gobierno Nacional en la reforma política que será presentada el próximo martes a consideración del Congreso de la República por el ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio.
Inicialmente se plantea incluir dentro de las prohibiciones para ser inscrito, elegido o designado en cargos públicos y contratar con el Estado, además de quienes estén condenados por delitos comunes, a quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por delitos contra el sufragio.
También se prohíbe a quienes tengan la facultad de intervenir en la designación, postulación o elección de otros servidores públicos, dar de manera directa o por interpuesta persona, recomendaciones personales, familiares o políticas para la provisión de empleos públicos, celebración de contratos o actos administrativos particulares en los despachos de éstos.
Asimismo, el Ejecutivo propone incluir dentro de dicha prohibición a quienes tengan facultades de investigación, juzgamiento o censura, al tiempo que la violación a la norma se establece como causal de mala conducta, pérdida de investidura, caducidad del contrato o revocatoria del acto administrativo. Y además de la prohibición para nombrar como empleados públicos a familiares, se suma la prohibición para postularlos o elegirlos.
Sin embargo, en lo que podría ser considerado como una manera de ‘reglamentar el roscograma’, la reforma política del Gobierno permitiría a los directores de partidos o movimientos políticos presentar candidatos de “altísimas condiciones personales y profesionales” para ocupar cargos públicos, cuya provisión no se haga por concurso de méritos. En este sentido, se advierte que la filiación política no será tenida en cuenta para el acceso a la función pública.
En otro de sus apartes, el proyecto amplía la prohibición existente para que el Gobierno Nacional confiera empleos a magistrados de la Corte Constitucional (durante su ejercicio y durante el año siguiente a su retiro), a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, al Procurador General de la República y al Fiscal General, eso sí, salvo en lo que tiene que ver con el servicio exterior.
Otro de los puntos polémicos de la iniciativa y que tiene que ver con las inhabilidades es el que prohíbe a quienes postulan y eligen al Contralor General –es decir, al Congreso y a las altas cortes–, dar recomendaciones sobre nombramientos, celebración de contratos y actos administrativos en esa entidad. Esta misma prohibición aplicaría a todos los demás organismos de control, o sea la Procuraduría.
Por otra parte, la reforma política del Gobierno plantea una norma que promete armar polémica, y es que el fuero del congresista sea irrenunciable. En este punto, en lo que según los analistas se equipara con la ‘silla vacía’, se propone la supresión de las suplencias, excepto por faltas absolutas como muerte, incapacidad para el ejercicio del cargo o renuncia justificada. No se considera justificada la renuncia cuando se haya iniciado una investigación judicial. Según el ministro Valencia Cossio, el proyecto busca “ahondar en la democratización interna de los partidos, su fortalecimiento y responsabilidad política, dentro de un marco programático y de transparencia en las relaciones entre los poderes públicos; así como introducir mecanismos que aseguren la participación política en condiciones de igualdad”.