Sin que su origen sea claro, un rumor se ha abierto paso en los últimos días: que se podría proponer una extensión del periodo del fiscal general Eduardo Montealegre, uno o dos años más, para asegurar a la Fiscalía como aliado en todo lo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz.
En declaraciones dadas a Noticias Uno el fin de semana que acaba de pasar, el fiscal Montealegre se refirió al respecto: “Yo no voy a mover ni una hoja para impulsar una reforma constitucional en ese sentido. Obviamente los tiempos no dan para hacer una reforma constitucional antes de que se venza mi periodo”. No obstante, antes de terminar la entrevista, el fiscal le abrió al tema una pequeña ventana: “Tendría que el Congreso de la República, si así lo considera, buscar otros mecanismos distintos que permitiera una situación especial de transición”.
La pregunta del momento es entonces: ¿está pensando el Congreso en alargarle el periodo al fiscal Montealegre? Al menos hasta ahora, los jefes políticos no parecen ni siquiera haber conocido una iniciativa oficial para que sus partidos decidan qué hacer. “Prefiero no pronunciarme sin conocer de fondo este asunto y aún no ha sido así”, le dijo a este diario David Barguil, presidente del Partido Conservador.
“Nunca he oído una propuesta semejante, que resulta inviable políticamente, lejana a cualquier posibilidad de cronograma”, señaló el senador y copresidente del Partido de la U, Roy Barreras, frente a una idea en la cual el tema de los tiempos es clave: para modificar el periodo del fiscal, tendría que modificarse la Constitución Política. Para cambiar la Constitución, el Congreso tiene que aprobar un Acto Legislativo que exige ocho debates en una legislatura, es decir, en un año. Y luego vendría el estudio de la Corte Constitucional, que toma otro tanto.
Hasta hoy está establecido que Montealegre debe dejar la Fiscalía el 28 de marzo de 2016, día en que se cumplirán los cuatro años de su mandato. Lo que quiere decir que el Congreso no alcanzaría a gestionar la reforma constitucional antes de su retiro. “Lo veo difícil. Sería una reforma ‘express’, muy apretada. En la realidad lo dudo, sobre todo teniendo en cuenta que el Congreso maneja unas sinergias muy lentas”, explicó Andrés Barreto, profesor de derecho constitucional de la Universidad de los Andes.
El profesor Barreto mencionó otro punto importante: “Si hubiera una reforma constitucional al respecto, vale la pena recordar que las reformas constitucionales rigen a futuro. Se tendría entonces que explicar por qué este caso merece aplicación retroactiva. Para el actual fiscal ya rigen reglas de juego establecidas desde su entrada: que su periodo es personal y es de cuatro años”. Así lo decidió el Consejo de Estado el 16 de abril de 2013, después de debatir si el periodo de Montealegre era institucional y por ende debía terminar cuando se suponía que terminaba el de Viviane Morales (que acabó antes de tiempo), o si era personal y duraba cuatro años. La segunda opción ganó.
Otro asunto a tener en cuenta en este debate es el momento: cuando el Gobierno espera que la reforma de equilibrio de poderes pase su examen en la Corte Constitucional, reforma que por cierto incluye el fin de las reelecciones –incluida la presidencial–. “Las instituciones están por encima de los hombres. La Fiscalía no es el único espacio que aportará a la Jurisdicción Especial para la Paz ni tendría sentido ir en contravía de lo que acabamos de aprobar en el Congreso”, agregó Roy Barreras, quien dijo que esta idea no era más que “pura especulación” que nadie en sus cinco sentidos, incluido el fiscal, propondría.
En Casa de Nariño esa idea parece no incomodar a quienes consideran a Montealegre un aliado clave en el proyecto del paz del presidente Juan Manuel Santos. En la otra orilla están los que creen que en las democracias ninguna persona es indispensable. El Tribunal Especial para la Paz promete desde ya mucha controversia y discusión, y ayer mismo el fiscal señalaba en Noticias Caracol que si bien Álvaro Uribe no podría ser procesado como expresidente, sí podría serlo como exgobernador de Antioquia. Está claro que nada de lo que pase por ese Tribunal será sencillo.
No obstante, sin que nadie asuma de frente la iniciativa de cambiar la Constitución para darle más tiempo a Montealegre en la Fiscalía, todo esto seguirá siendo tan solo un rumor. Por lo pronto, lo único claro por ahora es que en unos meses el presidente Santos tendrá que enviarle a la Corte Suprema una terna para elegir al próximo fiscal general. Otras fuentes consultadas por este diario señalan que nombrar candidatos que quieran trabajar en la Jurisdicción Especial para la Paz, en vez de cambiar la Constitución por un solo hombre, podría ser el camino más adecuado.