No la tuvo fácil el Gobierno para lograr que el Senado aprobara la reforma a la justicia en sexto debate, pues algunos de los puntos que incluso formaron parte del acuerdo de poderes en la Casa de Nariño, la semana pasada con las altas cortes, estuvieron a punto de no ser respaldados y pese al avance satisfactorio de la iniciativa, hubo factores de inconformidad tanto en el mismo Ejecutivo y en el Congreso, a lo que se suma el anunciado retiro definitivo del Consejo de Estado de la discusión.
Por ejemplo, hubo duras críticas de parte de algunos senadores frente al inamovible del Gobierno de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Para Carlos Enrique Soto, del Partido de la U, “la solución a los problemas de las entidades no puede ser su eliminación porque eso hubiera tenido que suceder con la Presidencia en el periodo de 1994-1998. Acá no pueden cercenar nuestras opiniones”.
Por su parte, el senador conservador José Darío Salazar dijo que “quien haya actuado de forma irregular debe ser investigado, pero no acabar con la institución y si vienen a hablar de funcionarios recomendados, debe ser que ellos nunca han enviado una hoja de vida”. Pero pese a todas esas críticas, al final la Plenaria del Senado le impartí los ‘santos óleos’ a la Judicatura.
Otro punto clave fue el del periodo de los magistrados, que fue aumentado a 12 años, donde el Congreso no escuchó los argumentos del Gobierno que pedía que esto no aplicara para los actuales togados. El artículo fue aprobado con 57 votos a favor y 9 en contra.
“Que nosotros estemos extendiendo la duración de los períodos de los magistrados de las altas cortes a quienes hoy están ejerciendo estos cargos, se va a ver sumamente mal. Parecerá el resultado de un acuerdo al que le van a dar el nombre de componenda, en donde nosotros hemos venido dando y estamos recibiendo cuando la verdad no se trata de esto”, dijo molesto el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
“¿Cómo vamos a concederles un período adicional a los magistrados simplemente como una concesión graciosa del Congreso de la República. Yo no encuentro una razón para que eso sea así”, agregó, insistiendo en que el ejercicio de las altas magistraturas debe corresponder a la cima de la carrera de un abogado, y no a un paso intermedio dentro de la misma.
De otro lado, también fue aprobada la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, quitándole de este modo las funciones jurisdiccionales al Congreso. E igualmente, pasó el artículo que abre la posibilidad para que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República presenten proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.
Algunos puntos clave
Periodo de magistrados
Pese al malestar del Gobierno, la plenaria del Senado aprobó el aumento del periodo de los magistrados de 8 a 12 años y a 70 años la edad de retiro forzoso. El enfrentamiento se dio por un parágrafo en el cual este beneficio incluiría a los actuales miembros de las cortes.
Eliminada la Judicatura
El Gobierno logró salvar uno de los puntos de honor en la reforma a la justicia: la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, para avalar esta decisión fue necesario abrir en dos ocasiones el registro porque el Senado se negaba a acabar con el alto tribunal al señalar que por algunos problemas en una entidad no se debe tomar una decisión tan radical.
Pérdida de investidura
Los congresistas lograron fortalecer su fuero frente a los procesos de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Con la reforma fue aprobada la doble instancia, la moderación de la condena donde podrá también aplicar la suspensión temporal, que será máximo de un año. Además, si en el proceso es derrotada la parte acusadora, tendrá que asumir las costos del proceso.
Ratificado el presupuesto
La fórmula económica para garantizar la descongestión y el funcionamiento de la Rama Judicial dejó conformes a los congresistas, que acogieron el planteamiento de invertir $1.8 billones para ejecutarlos en seis años y el presupuesto regular anual será aumentado 2% por encima del índice de Precios al Consumidor.