A un debate en el Congreso quedó sujeta una nueva reforma a la Carta Política de 1991, esta vez en lo que se ha denominado el Marco Legal para la Paz. Una iniciativa que, según sus promotores, busca otorgarle herramientas jurídicas al Gobierno para encarar negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley. Una nueva fórmula en el repetido camino de buscar cómo enrutar a los violentos hacia la reconciliación, dentro de los estándares de la llamada justicia transicional.
Al margen de lo que plantea el artículo 22 de la Constitución, donde se lee que la paz es un deber de obligatorio cumplimiento, un nuevo reacomodo de la ley de leyes para pensar en la terminación del conflicto armado interno y el logro de una paz estable y duradera, con garantías de no repetición, como lo exalta el mismo texto aprobado en el Congreso. En otras palabras, la opción de la paz como un mandato constitucional, más allá de las interpretaciones jurídicas en un país de demasiadas leyes y muchos más abogados.
Sin embargo, a pesar de que el autor de la iniciativa, senador Roy Barreras, ha insistido que el marco por la paz sólo cobraría forma si el Gobierno ve una real salida al conflicto armado, repasando lo que ha sucedido en el país en los últimos tiempos, no deja de quedar la sensación de que una vez más se legisla para que quienes viven al margen de la ley tengan como saldar sus cuentas con la justicia por una vía más expedita que el resto de los ciudadanos.
Aunque el siglo XIX dejó a Colombia un largo derrotero de negociaciones de paz e indultos producto de sus múltiples guerras civiles, es mucho mayor la forma cómo el Estado y la sociedad se han visto abocados a buscarle atajos de paz a las normas vigentes para tratar de silenciar los fusiles del llamado conflicto armado interno que agobia al país desde hace más de 50 años. Una rápida mirada a lo que ha sucedido en esta materia en las últimas décadas, demuestra que el marco por la paz del presente es una más de las tantas alternativas puestas en marcha para tratar de dejar atrás la violencia con sus distinto sesgos.
El primer rastro de los ensayos de paz de la Colombia contemporánea se ubica en 1953, cuando el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla decidió apelar a la amnistía contra entrega de armas como la fórmula del momento para ponerle fin a la violencia partidista que ensangrentó los campos del país. Cuando Rojas dio su “golpe de opinión” en junio del mismo año y prometió que no se derramara más sangre a nombre de los partidos políticos, fue claro que el camino escogido tenía que ser el perdón judicial. Por eso, los decretos de 1953 tuvieron esa característica esencial.
Fueron pactos que inicialmente favorecieron a los alzados en armas que a nombre del liberalismo se había constituido como grupos guerrilleros, pero también terminaron promoviéndose decretos de amnistía para que agentes del estado quedaran a salvo de investigaciones por la misma vía. Aún son frecuentes las imágenes que recuerdan el acto de reconciliación entre el comandante del Ejército, general Alfredo Duarte, y el jefe guerrillero del Llano, Guadalupe Salcedo, que introdujo la masiva entrega de armas. Una experiencia que se repitió en varias regiones del país pero que no cesó la violencia.
Por el contrario, al tiempo que el gobierno de Rojas Pinilla tomaba perfil de dictadura, la violencia política fue tomando nuevas formas. Fue así como, después de la caída de Rojas en 1957, la aprobación del plebiscito del Frente Nacional ese mismo año y la puesta en marcha del esquema bipartidista respaldado por los ciudadanos a partir de 1958, que una vez más se escogió la fórmula de la amnistía contra entrega de armas como el único camino para tratar de acallar los fusiles. Esta vez en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, con el añadido de una comisión de análisis de la violencia y de reconciliación, que al final tampoco produjo la paz definitiva.
En vez de la reconciliación, a la vuelta de la esquina empezaba a fraguarse la violencia subversiva que en pocos años dio lugar a expresiones tales como las Farc, el ELN, el EPL, el Moec u otras manifestaciones de organización armada al margen de la ley. Aunque durante el resto del Frente Nacional, la prioridad del Estado representado en sus diversos gobiernos fue el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y el combate directo a estos movimientos guerrilleros, al caer el telón del Frente Nacional ya el lenguaje de la paz empezó a volverse una prioridad social y la prueba es que en los procesos electorales se fue volviendo una premisa clave para acceder al poder y ensayar nuevas formas de negociación política.
Por ejemplo, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, la prioridad fue tratar de “humanizar el conflicto”, y aunque no se expidieron leyes de amnistía o similares, sí se intentó un acercamiento de paz con el ELN que no produjo resultados eficaces. Eso sí, se avanzó en varias leyes para tratar de ambientar la idea de que la paz negociada era preferible a la confrontación armada. Sin embargo, la gravedad de los hechos, la irrupción de una nueva organización denominada el M-19, las manifestaciones de violencia de la extrema derecha y los asesinatos de dirigentes de uno u otro matiz político, forzaron al Estado a desistir del camino de la negociación para apostarle, una vez más, a las Fuerzas Militares como la única salida.
Así llegó el Estatuto de Seguridad en tiempos de Turbay Ayala, y con él la controversia nacional e internacional sobre la efectividad de sus métodos. Nunca antes Colombia había estado en la mira de la comunidad mundial, pero a raíz de los excesos cometidos durante la aplicación de este severo régimen penal, el país se vio forzado a pensar una vez más en que el camino correcto era la paz negociada. De esta manera, en 1981, al tiempo que el gobierno Turbay decidió crear una comisión de paz, tramitó en el Congreso una nueva Ley de Amnistía que ofreció a los grupos armados al margen de la ley para que entregaran sus armas. En la trasescena ya tomaba forma una nueva amenaza: el paramilitarismo, ya financiado por el narcotráfico.
Cuando Belisario Betancur llegó a la Presidencia de Colombia en 1982, la sociedad pedía una negociación de paz. Por eso, antes del cuarto mes de gobierno ya estaba aprobada una nueva Ley de Amnistía, de tal manera que todos aquellos guerrilleros que habían caído presos durante el régimen del Estatuto de Seguridad, quedaron libres después del articulado tramitado en el Congreso. De manera adicional, con el concurso de una comisión de paz asistida por los principales líderes de la época, el gobierno Betancur se la jugó por una negociación con los distintos grupos guerrilleros. Esta iniciativa cobró forma en los acuerdos de cese al fuego firmados con las Farc, el EPL, el M-19, la Autodefensa Obrera, y algunos contingentes del ELN, a lo largo de 1984.
No obstante, al mismo tiempo que la sociedad aceptaba esta tregua armada, el narcotráfico de Pablo Escobar y sus pares le declaraba la guerra a Colombia, y el paramilitarismo se daba a la tarea de impedir que los acuerdos de paz de Belisario Betancur con las guerrillas llegaran a algún destino provechoso. Aún así, producto de la negociación política con las Farc, surgió el movimiento político Unión Patriótica, que rápidamente se volvió el blanco preferido del paramilitarismo en auge. Algo similar sucedió con los grupos A Luchar o el Frente Popular, a través de los cuales, otras organizaciones guerrilleras buscaban el tránsito a la actividad política. En otras palabras, el sueño de paz de Belisario Betancur terminó ahogado en sangre. El triste epílogo fue la luctuosa jornada del holocausto del Palacio de Justicia en 1985.
Cuando llegó Virgilio Barco a la presidencia de Colombia, en 1986, la situación era crítica. El proceso de paz con las guerrillas estaba herido de muerte, la Unión Patriótica ya sumaba centenares de muertos entre sus filas, el paramilitarismo mostraba sus dientes y los carteles de la droga demostraban que se habían mimetizado en todos los frentes limpios y sucios del país. Aun así, el Estado se la jugó por una negociación de paz en medio de la guerra. Fue el proceso que se inició en 1988 con el M-19, que terminó como todas las anteriores alternativas, con un proceso de amnistía. La nueva Ley quedó aprobada a finales de 1989, por la misma época en que Pablo Escobar reventaba carros bomba contra la sociedad inerme y al mismo tiempo en que el Congreso trataba de acomodarle un referendo por la extradición a la fallida reforma constitucional del presidente saliente.
El M-19 entregó sus armas en marzo de 1990 y a cambio recibió el indulto de todas sus acciones de violencia, incluyendo el ataque al Palacio de Justicia. La generosidad de la sociedad dio incluso para que sus principales líderes se volvieran congresistas y su máximo comandante, Carlos Pizarro, asumiera como candidato presidencial. El 26 de abril de 1990, al igual como había sucedido con el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, el aspirante del M-19 fue asesinado. De todas maneras, el M-19 siguió adelante con la paz, no solamente por su convicción de que había llegado la hora de dejar sus armas, sino porque se abría paso en Colombia una nueva opción de paz, esta vez validada, a través de la Constitución de 1991.
Sin embargo, antes de que la Constitución del 91 le diera un nuevo aire a la democracia colombiana, el país tuvo que tragarse otro sapo para apaciguar a los violentos. Se llamó la política de sometimiento a la justicia y no fue otra cosa que el Estado haciendo concesiones al narcotráfico para que cesara el narcoterrorismo. Esta vez le tocó al entonces presidente César Gaviria inventarse la fórmula: tres decretos sucesivos de Estado de Sitio (2043, 3030 y 303), para convencer a los narcotraficantes de que se entregaran a la justicia a cambio de sustantivas rebajas en sus penas. Una ganga jurídica a la cual se acogieron varios narcotraficantes, pero que Pablo Escobar fue acondicionando hasta encontrar el marco preciso de su leonina negociación.
El mismo día que los delegatarios de 1991 prohibieron la extradición de colombianos, Pablo Escobar Gaviria se entregó a la justicia para seguir delinquiendo en una cárcel creada bajo sus exigencias. Se llamó La Catedral de Envigado, y se convirtió en una especie de paradigma de la impunidad que se siguió acuñando bajo otras formas para otros narcotraficantes. Escobar solo duró un año en la cárcel, se fugó el día que quiso en julio de 1992 y reanudó su acción terrorista. Sus pares del narcotráfico de otros carteles, pronto encontraron otra fórmula más de negociación del Estado para entregarse con condiciones ventajosas. Se llamó la Ley 81 de 1993, y una vez más la rebaja de penas fue el señuelo del Estado para tratar de que el narcotráfico cesara su violencia.
Y mientras el narcotráfico le sacaba ventaja al Estado a través de sugestivas fórmulas de paz o de reducción de sus culpas, el gobierno Gaviria se la volvió a jugar por la negociación política con los grupos guerrilleros. Después de la aprobación de la Constitución de 1991, se abrió paso un nuevo proceso de paz, en esta ocasión con rondas de diálogo en Arauca, Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México). Fueron casi dos años de infructuosa negociación que no llegó a ninguna parte. Los grupos guerrilleros no aceptaron las condiciones planteadas por el Estado y la guerra siguió causando estragos. En el camino, en la consabida fórmula indulto contra entrega de armas, pasaron de la violencia a la política, el EPL, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista, el Frente Francisco Garnica, y varios grupos de milicianos de Medellín.
Luego llegó el gobierno Samper, quien durante sus primeros meses quiso apostarle a un proceso de paz con la guerrilla de las Farc, pero se vio obligado a suplir esta iniciativa para defenderse de las acusaciones en su contra por la financiación de su campaña por parte del cartel de Cali. Nunca cobró forma un nuevo proceso de paz, pero al tiempo que Samper se defendía en el Congreso por el narcoescándalo del proceso 8.000, las guerrillas de la Farc y el ELN multiplicaban sus frentes de guerra y el paramilitarismo demostraba que de ser un apéndice suelto de la legalidad disfrazada o una expresión oculta del narcotráfico, tenía las capacidades de convertirse en una máquina de barbarie y violación de los derechos fundamentales.
Al final del gobierno Samper, se dieron algunas aproximaciones con las guerrillas y con los movimientos de autodefensas, pero unos y otros ya tenían claro que habían adquirido tanto poder que podían esperar un mejor momento para beneficiarse de negociaciones con el Estado. Por eso, a partir de 1998, con la llegada del gobierno de Andrés Pastrana, empezaron a maniobrar por sus propósitos. Para tratar de llegar a la paz con las Farc, el gobierno Pastrana les concedió 42.000 kilómetros cuadrados de zona desmilitarizada. Fue la aparatosa negociación del Caguán que agotó a la sociedad a tal extremo, que los mismos que pedían caminos de paz terminaron reclamando un gobierno de mano dura para enfrentar a la guerrilla.
En medio de las improvisaciones por la paz en el gobierno Pastrana, quedaron planteados dos escenarios críticos. Mientras las Farc lograban que el gobierno aceptara un acuerdo humanitario para sacar de la cárcel a diez guerrilleros a cambio de más de 300 soldados y policías secuestrados en las selvas de Colombia, al otro lado del país, en las sabanas de Córdoba el paramilitarismo en pleno, con el concurso de un grupo en ascenso de dirigentes políticos, firmaba el llamado Acuerdo de Ralito para refundar la patria, es decir, para tomarse el poder presionando a las comunidades a votar por candidatos que favorecían al paramilitarismo. Una vez más la paz no llegó a ninguna parte y en cambio se fue ambientando el camino para otro experimento fallido.
Al llegar el gobierno de Álvaro Uribe en 2002 se voltearon las cartas. El Estado volvió a apostarle a la fórmula de la guerra y se inició la más grande ofensiva militar contra la guerrilla de las Farc y otros movimientos afines, pero al mismo tiempo se volvió a meter a la sociedad en una aventura descabellada: una negociación de paz con los grupos de autodefensas. En el campo de la guerra, el gobierno Uribe alcanzó los máximos logros militares en su lucha contra la insurgencia, pero en el campo de la paz quedó atrapado en un proceso de paz que no dejó ver otra cosa distinta a la intención del paramilitarismo de saldar sus crímenes en pocos meses de cárcel y dar el salto a la política, como lo habían hecho otros grupos guerrilleros en tiempos recientes.
Como estaba cantado, el proceso de paz con las autodefensas, incluida la Ley de Justicia y Paz ambientada dentro del contexto de la justicia transicional, se convirtieron en fuente de escándalo. Después de que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ajustaron a sus debidas proporciones el esperpento jurídico de la Ley de Justicia y Paz, empezó a quedar al descubierto cuáles eran las verdaderas intenciones del paramilitarismo. Por eso, cuando el Estado, a partir de sus altos tribunales, impuso sus condiciones a la accidentada negociación de paz, los jefes paramilitares quisieron volver a apostarle al rearme, al narcotráfico, al asesinato, y en su nueva confrontación con el Estado, terminaron extraditados a EE.UU.
Ya para entonces, a nivel de las autoridades y de la misma sociedad se hablaba de una nueva forma de violencia: las bandas criminales o Bacrim. Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras, nada distinto al narcotráfico buscando posicionarse de nuevo en los territorios de la guerra, tratando de darle a su violencia algún ropaje político. Al mismo tiempo, como la guerrilla de las Farc replanteando su maquinaria de guerra, entrando en tratativas con sectores del narcotráfico o envuelta en el torbellino de la violencia en el que ha permanecido desde hace más de 50 años. En otras palabras, la misma violencia con nuevos rostros y nuevos momentos políticos. Y del otro lado, el mismo Estado tratando de proteger a la sociedad con una altísima inversión en materia de seguridad, pero siempre dejando una ventana abierta por si acaso funciona la paz.
Ahora, la nueva fórmula se llama el Marco Legal por la Paz, que está a un debate en el Congreso de la República de convertirse en una reforma a la Carta Política. Sus promotores no se cansan de decir que no se va a favorecer la impunidad, que los grandes jefes de las bandas criminales o de la guerrilla no van a favorecerse, que el Estado no va a permitir que los violentos de la peor laya terminen colándose a eventuales negociaciones. Pero la sociedad ya sabe muy bien que, como acostumbraba a decirlo e periodista Jaime Garzón en sus talentosas parodias, es lo mismo de antes. Solo que esta vez la paz queda posicionada como una obligación de rango constitucional y que será el Presidente quien decida en qué momento acoger este camino. De todas maneras, vale la pena recordar la historia para advertir que el camino no será un lecho de rosas.