Una nueva polémica surgió frente a la reforma de reequilibrio de poderes que radicó el Gobierno. En esta ocasión se trata de un artículo que especifica los impedimentos que tienen los funcionarios para aspirar a cargos públicos de elección popular y los obliga a renunciar un año antes para poder participar en elecciones. Coincidencialmente, el único alto funcionario que no tiene impedimento es el vicepresidente —para este caso, Germán Vargas Lleras, quien según las cábalas políticas sería el llamado a suceder a Juan Manuel Santos—.
El artículo 197 de la Constitución que plantea los impedimentos para aspirar a la jefatura del Estado dice que el ciudadano que un año antes de los comicios haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos: ministro, director de departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, procurador general de la Nación, defensor del Pueblo, contralor general, fiscal general, registrador nacional del Estado Civil, comandantes de las Fuerzas Militares, director general de la Policía, gobernador de departamento o alcalde, no podrá ser candidato.
En este artículo se incluyen los que serían nuevos funcionarios del Estado, es decir, los magistrados del tribunal de aforados. Pero, eliminada la reelección, no se incluye al vicepresidente, que sería el único alto funcionario que tendría la posibilidad de hacer campaña estando en su cargo. Para el caso de Vargas Lleras, señalan los críticos, sería más complejo, porque con la reorganización del Estado quedó como responsable de la ejecución en infraestructura, vivienda y acueductos. Y hay quienes dicen que de este modo podría entregar obras y hacer campaña al mismo tiempo.
Las críticas no se hicieron esperar. La presidenta del Polo Democrático, Clara López, afirmó que “donde hay desigualdad, hay ventaja, y me parece que la inhabilidad debe cobijar a todos los que ejercen funciones públicas o a ninguno”. Por su parte, el vocero y codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, hizo énfasis en que la reforma apenas empieza el trámite y que es necesario esperar a que los ponentes presenten el diagnóstico en la Comisión Primera, donde se iniciará la discusión. Sin embargo, aclaró que “las normas constitucionales deben generar igualdad y lo que se le impone a uno se le debe imponer a otro”.
El presidente del Partido Conservador, David Barguil, manifestó que “me han informado que los ponentes de la reforma de reequilibrio de poderes ya notaron que no existe el mismo impedimento para el vicepresidente. Seguramente habrá un cambio en la norma, pero debemos esperar a que sean ellos los que lo presenten. Si no es así, tendremos que mirarlo en los ocho debates que tiene esta iniciativa”.
Precisamente ayer, los ponentes de la reforma se reunieron durante todo el día en la oficina del senador Armando Benedetti para ultimar los detalles de las modificaciones que le realizarán a la iniciativa y este fue uno de los temas que abordaron. Según conoció El Espectador, uno de los defensores de la omisión de impedimento fue el senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino, uno de los escuderos de Vargas Lleras.
No obstante, la conclusión de los ponentes es que en la lista de funcionarios que tienen que renunciar un año antes para poder hacer campaña se incluirá la palabra vicepresidente, pero al haber sido radicado así por el Gobierno, esta excepción se puede revivir en cualquiera de los ocho debates, sin afectar el principio constitucional de consecutividad. Al respecto, Benedetti, coordinador ponente, explicó que las principales modificaciones son que “el procurador no será elegido de una terna que presente el presidente, sino por concurso de méritos, y el Senado elegirá entre quienes cumplan los requisitos. Además, parlamentarios no podrán renunciar para entrar al Gobierno, sólo podrán hacerlo para presentarse como candidatos a alcaldías y gobernaciones”.