Mientras la discusión en torno al proyecto de reforma a la justicia se ha concentrado en la exclusión o no del artículo 12, acerca del fuero militar, hay otras modificaciones planteadas en la iniciativa que parecen propias de una reforma política y que implican graves retrocesos en lo que se ha logrado hasta ahora en la lucha por hacer más transparente la misma labor legislativa.
Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el cambio que se propone al artículo 134 de la Constitución, que deja abierta a interpretaciones jurídicas la aplicación de la figura de la silla vacía, la cual en la actualidad —según la reforma política de 2009— opera para los congresistas a quienes se les dicte orden de captura por nexos con grupos armados ilegales, narcotráfico o delitos de lesa humanidad.
En noviembre del año pasado, durante el segundo debate en la Plenaria del Senado a la reforma, se anunció con bombos y platillos la inclusión de un artículo que ampliaba el alcance del castigo para los congresistas a todos los delitos de carácter penal e incluso en casos de nulidad de la elección, destitución o pérdida de investidura. “Cuando un parlamentario sea condenado por cualquier delito, se producirá el fenómeno de la silla vacía”, explicó entonces el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
Sin embargo, según un análisis hecho por la Misión de Observación Electoral (MOE), al tiempo que se amplía la figura, se elimina el aparte en el que se establece que la renuncia por inicio de investigación penal no es renuncia justificada, lo que reactivaría el “carrusel de reemplazos”. Además, el artículo incluye un parágrafo que difiere la aplicación de la silla vacía a los hechos que ocurran luego de la entrada en vigencia del acto legislativo, lo que podría significar que las investigaciones por parapolítica no tengan efecto a futuro.
Para la MOE, se trata, palabras más palabras menos, de una especie de “punto final” y en el país de las leguleyadas, como lo es Colombia, seguramente se esgrimirá el argumento de la “favorabilidad” por parte de quienes han perdido la curul por la silla vacía para recuperarla, caso de Cambio Radical con el exsenador Javier Cáceres. Como se conoce, cerca de un 25% de los actuales legisladores están siendo investigados por la Corte Suprema por presuntos nexos con grupos armados ilegales y es claro que la norma podría favorecerlos.
La pregunta entonces es: Si se aprueba la reforma a la justicia con el artículo en mención, ¿queda derogado inmediatamente lo establecido en la reforma política de 2009 sobre la silla vacía? Los analistas de la MOE creen que en el juego de las interpretaciones es así, que de lo que se trata es de una derogatoria tácita y que los partidos no desecharán la oportunidad de recuperar lo perdido.
Pero la modificación propuesta al artículo 134 también implica otras perlas: elimina la posibilidad de reemplazo en caso de licencias de maternidad y que haya reajuste del quórum por causa de la aplicación de la silla vacía. Asimismo, acaba con la norma que ordena que haya una nueva elección cuando por aplicación de dicha figura se reduce la participación de una circunscripción a menos del 50% y excluye el aparte que indica que una sentencia condenatoria genera la pérdida definitiva de la curul.
Lo claro es que el meollo del asunto está en las interpretaciones. El representante Germán Navas, del Polo, está de acuerdo con que, efectivamente, como está redactado y siendo la Constitución intemporal, “no se hace ninguna salvedad sobre investigaciones que se estén llevando a cabo en la actualidad. La Constitución debe ser lo suficientemente clara para evitar interpretaciones (…) me da la impresión de que lo que pretenden es frenar las investigaciones actuales y sólo pensaré diferente si el autor me da una explicación”.
Aunque también hay quienes no ven ninguna intención oculta. Como Roosevelt Rodríguez, representante de la U, quien dice que no puede hablarse de muerte de las investigaciones que se están adelantando y que el tema es básicamente de reemplazos: “Los hechos que se abordaron con anterioridad seguirán surtiendo su trámite”, concluyó. Hablando de autores, hasta donde se sabe, los representantes a la Cámara Alejandro Chacón y Orlando Velandia fueron dos de los gestores de la modificación. Habrá que esperar sus explicaciones, porque ayer fue imposible contactarlos.