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Uribe le pide ayuda a Santos

El presidente Juan Manuel Santos no ha contestado a la solicitud de interceder ante la Fiscal General, Viviane Morales, por los funcionarios del gobierno anterior que están siendo investigados.

20 de enero de 2012 - 05:15 p. m.
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Aunque las diferencias y el distanciamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y su sucesor, Juan Manuel Santos, son evidentes y los canales de diálogo entre los dos están rotos, por primera vez en mucho tiempo el exmandatario se dirigió ayer directamente al Jefe de Estado y, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, le solicitó que “por favor” no permitiera la “venganza criminal expresada a través de persecución política” en contra de quienes fueron sus más cercanos colaboradores.

El mensaje de Uribe hacía referencia a la imputación de cargos que iba a realizar la Fiscalía contra el ex alto comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, por la presunta falsa desmovilización de 62 miembros del frente Cacica La Gaitana de las Farc. Tal imputación, a juicio del expresidente, forma parte de una “venganza criminal”, tesis que ha esgrimido desde el 18 de agosto del año pasado, cuando rindió versión libre ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara en el proceso que se adelanta en su contra por los seguimientos ilegales a magistrados, políticos de oposición y periodistas.

Pero ahora, en su mensaje a Santos, los señalamientos de Uribe fueron más allá al asegurar que la “venganza criminal se agravó por el empeño de su ministro del Interior (Germán Vargas Lleras) de cambiar la terna de la Fiscalía con un mezquino ánimo político”. De paso, Uribe hizo un reclamó a la jefe del ente acusador, Viviane Morales, al declarar: “No hay derecho señora fiscal, no abusen más de nosotros”.

Este mensaje es resultado de la evidente preocupación de Uribe ante el avance de los procesos judiciales y disciplinarios contra los principales miembros de la “guardia pretoriana” de su mandato: el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias; el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno; el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt; el exdirector del DAS, Jorge Noguera, y ahora el ex alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.

La respuesta de Vargas Lleras no se hizo esperar. Haciendo claridad de que el Gobierno respeta la autonomía de la justicia advirtió que “nos hemos abstenido en el pasado de calificar las providencias judiciales y no lo haremos cuando cursa una investigación en la Fiscalía General de la Nación” y agregó que “así quisiéramos intervenir, sabe el expresidente Uribe que la doctora Viviane Morales es inabordable para cualquier asunto particular o de cualquier investigación que ella tenga bajo su cuidado”.

En cuanto al proceso contra Restrepo y los demás implicados en la falsa desmovilización, ayer fue aplazada la audiencia en la que la Fiscalía pretendía solicitar la medida de aseguramiento tras imputar los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, fraude procesal y fabricación, tráfico y porte de uniformes privativos de las Fuerzas Militares.

La decisión fue tomada por la juez 62 con función de garantías, quien aceptó la solicitud de aplazamiento hecha por el fiscal del caso, Martín Moreno, luego de que la defensa de Restrepo asegurara que el excomisionado no pudo presentarse a la diligencia por problemas de seguridad para llegar hasta el complejo judicial de Paloquemao. Tampoco asistieron los coroneles del Ejército Hugo Hernán Castellanos Girón y Jaime Joaquín Ariza, ni el presunto narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, quienes también debían comparecer en la audiencia.

Quienes sí estuvieron fueron los desmovilizados José Pacheco Ramos, Flor Inés Pacheco Ramos, Miguel Alcides Pacheco Ramos, Felipe Salazar y Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, que asistió pese a la renuncia de su abogado, Jaime Restrepo. El jurista argumentó que abandonaba el caso porque hubo un ofrecimiento millonario a su cliente con el fin de enlodar al excomisionado para la Paz.

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Jaime Restrepo señaló que con esa decisión pretende “salvaguardar una posición moral de no prestarme como cómplice de una infame injusticia de presiones jurídicas y ofertas ilegales, que conducirán a la afectación jurídica de Luis Carlos Restrepo y de miembros de las Fuerzas Militares que participaron de la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc”.

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