La autorización dada por el Gobierno Nacional, el 12 de noviembre de 2009, a un grupo de ciudadanos que negociaron una tregua pactada el pasado 1° de febrero en Medellín entre dos facciones de la ‘Oficina de Envigado’, que permitió la reducción de homicidios, fue rechazada por el presidente Álvaro Uribe.
El comisionado de Paz, Frank Pearl, reconoció que se autorizó a Jorge Gaviria, Jorge Ignacio Castaño, Jaime Jaramillo Panesso, Francisco Galán y a monseñor Alberto Giraldo para que “adelantaran actividades en beneficio de la reconciliación nacional”. Posteriormente, se sumó a ellos Gustavo Villegas. Según dijo, el único objetivo de los acercamientos era el sometimiento a la justicia por parte de esas bandas criminales.
“Ese es un acuerdo (la tregua) en el cual el Gobierno no participa ni puede avalar. Había una muy buena intención de los miembros de la comisión de la sociedad civil y es posible que en un momento dado se haya perdido el norte, que no era otro que el sometimiento a la justicia. Ese grupo de ciudadanos van a dejar de trabajar, por petición de ellos mismos. La autorización se vence mañana 12 de febrero”, explicó Pearl.
Además, el comisionado aclaró los lineamientos que la Presidencia de la República ha establecido en cuanto a los contactos entre la Iglesia católica y las bandas de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Paisas’, y enfatizó que en este caso no se está hablando de desmovilizaciones ni de diálogos, sino de acompañar un sometimiento a la justicia. De paso, advirtió que las autoridades seguirán actuando: “No vamos a desmovilizar a los narcotraficantes y aquellos desmovilizados que incumplieron y forman parte de esas bandas, no van a tener otra oportunidad”.
Es decir, no serán beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, pero sí podrían ser cobijados con el principio de oportunidad, consistente en que la Fiscalía archivaría las investigaciones penales.