Un contrato por $5 millones otorgado para arreglar una escuela y firmado en 1994 por el actual gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, cuando era director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del departamento, terminó tumbándolo. La Sección Quinta del Consejo de Estado, que ya lo había suspendido en noviembre del año pasado, declaró la nulidad de su elección al encontrar que estaba incurso en causal de inhabilidad.
Murillo había sido condenado penalmente en 1997 a seis meses de prisión, con interdicción de sus derechos y funciones públicas por el término de un año, así como al pago de una multa de $1.000 por el delito de peculado por aplicación oficial diferente. El meollo del asunto es que el dinero que usó para el arreglo de la escuela se debía destinar exclusivamente al saneamiento ambiental minero.
Por eso, desde el mismo anuncio de su candidatura, ese fue el “caballito de batalla” de sus contradictores políticos y una vez se supo de su triunfo en las urnas, vino la demanda ante el Consejo de Estado, pese a que la Procuraduría había emitido dos certificados en los que establecía que no estaba inhabilitado.
Murillo, un ingeniero de minas graduado de la Universidad Estatal de Prospección Geológica de Moscú, con maestría en minería, es considerado el mejor gobernador elegido por los chocoanos para tratar de salir del olvido y la miseria. En la batalla jurídica en su defensa, y amparado en conceptos como el de Planeación Nacional, insistió en que no desvió recursos y que los cambios en la ley indican que el delito por el que fue condenado ya no existe, por ende la inhabilidad debía desaparecer, pues se debía aplicar el principio de favorabilidad.
Pero para el Consejo de Estado, la inhabilidad hace referencia al hecho de haber sido condenado penalmente “en cualquier tiempo” y corresponde al juez penal, no al electoral, determinar la modificación o eliminación de la condena o del antecedente correspondiente. En noviembre del año pasado, cuando fue suspendido, Murillo advirtió sobre el riesgo que corría el Chocó y pidió al Gobierno que garantizara que la persona que quedara a cargo diera continuidad a los programas que ya se venían adelantando en su administración. Hugo Tobar, su secretario de Hacienda, fue designado.
En diálogo con El Espectador, el sancionado funcionario señaló que dará la pelea hasta el final. Hoy estará llegando desde Quibdó a Bogotá para conocer los detalles de la sentencia, con la idea de interponer como último recurso una petición de revisión por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado: “Es claro que la vieja clase política del departamento está interesada en que nosotros no gobernemos, pero vamos a seguir la lucha por el proyecto del Nuevo Chocó”.
Con mas de 58.000 apoyos en las urnas —la votación más alta en la historia del departamento—, Murillo cree que la decisión de anular su elección implica quebrar la voluntad del pueblo. “Se trunca el proceso de saneamiento fiscal, en una pelea constante con un cartel de embargos. Estábamos modernizando la Gobernación, conseguimos un crédito de Findeter para reestructurar la Secretaría de Salud, avanzamos en la recuperación del hospital San Francisco de Asís, que lo tenía acabado Caprecom, y seguíamos atentos a la pavimentación de las vías Istmina-Condoto, Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Se había generado una esperanza en la gente”, agrega.
Sobre lo que llama “cartel de embargos”, Murillo explicó que la administración estaba capturada por grupos de abogados que con procesos fraudulentos vaciaron las arcas del departamento: “Trabajando con la Dirección de Apoyo Fiscal, logramos acabar con ese desangre y por primera vez se ha dado el pago puntual de salarios a funcionarios y pensionados”.
En cuanto al escenario de ir nuevamente a elecciones para escoger otro gobernador —en caso de no prosperar la revisión—, Murillo dice que la coalición que lo apoyó (Cambio Radical, los partidos Conservador y Verde y Alianza Social Indígena) buscaría un candidato que interprete la filosofía del proyecto del Nuevo Chocó que él inició.