Si bien la insinuación hecha este fin de semana por el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, sobre la posibilidad de restablecer el Ministerio de Justicia, es vista con aceptación por la gran mayoría de sectores políticos y judiciales del país, también es cierto que para algunos aquello de que dicho restablecimiento iría “en el contexto de una reforma estructural de la Rama Judicial”, como lo dijo, no deja de ser inquietante en momentos en que existe un choque entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia por la elección del nuevo Fiscal General, además de otros incidentes del pasado, con denuncias penales de por medio.
En efecto, durante el seminario de la ‘Serie Houston’, realizado en Cartagena y organizado por la Embajada de Estados Unidos con el fin de reflexionar sobre los temas relacionados con la institucionalidad y la democracia, Valencia Cossio reconoció que el Gobierno está dispuesto a propiciar y apoyar una “franca, abierta y constructiva reflexión” sobre el restablecimiento del Minjusticia, en la que participarían “funcionarios de la Rama Judicial, del Ejecutivo, de la academia y de la sociedad civil, liderada por un selecto grupo de ex magistrados de las altas cortes, en cabeza de José Alejandro Bonivento, ex presidente de la Corte Suprema”.
Pero, eso sí, advirtió también que esa reflexión se enmarcaría “en el contexto de una reforma estructural de la Rama Judicial, de manera que exista un balance institucional, funcional y técnico que permita que sin sacrificar la autonomía propia del Poder Judicial, el Ejecutivo pueda contar con una cartera que interactúe de manera más especializada con la Rama Judicial”.
En lo que tiene que ver con la necesidad de que exista una interlocución clara y directa entre las ramas Judicial y Ejecutiva, la idea no tiene oposición. El mismo presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, señaló que se trata de un tema “muy importante” para la administración de justicia el que “cada ministerio tenga un objetivo y que en verdad exista un mecanismo de interlocución con el Gobierno”.
Postura que es compartida por el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, para quien urge la necesidad de nombrar a un mediador entre los dos poderes: “Personalmente me atrevo a pensar que es un sentimiento generalizado en el país y que no fue una buena idea la de suprimir esa cartera ministerial”. Precisamente fue la Ley 790 de 2002, en su artículo 3°, la que fusionó los entonces ministerios de Gobierno y de Justicia alegando razones presupuestales.
Según el abogado y columnista de El Espectador Ramiro Bejarano, la ausencia del Ministerio de Justicia puso a las altas cortes a depender del ministerio de la política para tramitar sus inquietudes y reclamos, y, desde entonces, ninguno de los cuatro ministros que han pasado (Fernando Londoño, Sabas Pretelt, Carlos Holguín y Fabio Valencia Cossio) han sido de Justicia, sino que se dedicaron sólo a los temas políticos.
Ahora, más allá de esa discusión, en la que la gran mayoría parece estar de acuerdo con el restablecimiento del Minjusticia, por el otro lado están las suspicacias por lo de la “reforma estructural a la justicia”, en estos momentos de efervescencia y calor entre Presidencia y Corte Suprema. El ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra declaró que proponer el restablecimiento del Ministerio de Justicia es reconocer el error que se cometió hace siete años, pero advirtió que ello no sería bueno si se le convierte en una oficina pagadora o administradora de cárceles.
“Hay que tener cuidado, porque esa reforma estructural podría implicar una reforma constitucional al funcionamiento de la administración de justicia, algo así como un nuevo reparto de competencias, lo cual podría ser muy nocivo. La reforma no puede ir en detrimento del objetivo de tener una mejor justicia ni acomodada a los intereses de un gobierno fugaz”, enfatizó Beltrán Sierra.
Ya el año pasado, el Gobierno había presentado al Congreso una reestructuración de la Rama Judicial que incluía, entre otros puntos, el cambio en la elección del Procurador, la doble instancia en el juzgamiento de congresistas y el aumento de períodos de los magistrados y de edad de retiro. La propuesta tuvo que ser retirada ante el clima adverso en el Legislativo, según se dijo, no sin antes haber generado una aguda polémica. Como dijo Fabio Valencia Cossio al final de su intervención, el domingo en Cartagena: “El debate está abierto”.