Ante los graves hechos de violencia que vienen ocurriendo en el municipio de Tierralta (Córdoba), en donde la semana anterior fueron asesinados dos líderes comunitarios de la región (Elmer Antonio Serna y Emer Varela Tuberquia), el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un llamado urgente para que las autoridades fortalezcan las medidas de protección de los líderes comunitarios y de sus familias.
Otálora señaló que a partir de las labores de monitoreo y verificación adelantadas por la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en el municipio de Tierralta se pudo comprobar que este crimen selectivo provocó el desplazamiento forzado de 11 personas, familiares de uno de los líderes asesinados.
A través del SAT, la Defensoría del Pueblo también logró establecer que en varias veredas del municipio de Tierralta, presuntos miembros de las Farc han establecido prohibiciones y restricciones a la movilidad de la población campesina que está causando el confinamiento de las comunidades.
Según información allegada a la Defensoría, la guerrilla ha establecido condiciones para la permanencia de los pobladores en sus territorios y les impide el uso de teléfonos celulares para que no se brinde ningún tipo de información.
De otro lado, Otálora Gómez recordó la Nota de Seguimiento No. 003-13, emitida el 22 de marzo de 2013 por la Defensoría del Pueblo, en la cual se indica que por causa de la confrontación armada entre las Farc y las autodenominadas ‘Águilas negras’, la población que habita en la zona rural de Tierralta está expuesta a sufrir violaciones a sus derechos.
Sobre ese territorio se encuentra vigente una alerta temprana de la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) por las amenazas de muerte, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, combates con interposición de población civil, violencia sexual y restricciones a la libertad de circulación.
A juicio del Defensor del Pueblo, “los líderes comunitarios cumplen una importante labor de defensa de los derechos humanos y por lo tanto las autoridades del Estado deben tomar medidas efectivas de protección para quienes se encuentran bajo riesgo extraordinario”.
Además de Tierralta, el SAT de la Defensoría del Pueblo destaca la situación de riesgo que enfrenta la población civil en la zona rural de los corregimientos San Felipe de Cadillo, Caramelo, Crucito, Frasquillo, Palmira, el Águila Batatas, Santa Marta, Santa Fe Ralito, Bonito Viento, Mantagordal, Severinera, Saiza; así como en el pueblo indígena Embera Katío del Alto Sinú, en el Departamento de Córdoba.
Por último, Otálora Gómez recordó que la situación de riesgo de la población civil es tan crítica que hace apenas un mes funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Regional Córdoba acompañaron la salida de seis familias compuesta por 34 personas (entre ellas 22 menores de edad), del Municipio de Valencia que fueron víctimas de amenazas por presuntos grupos armados ilegales, con el fin de salvaguardar sus vidas e integridad personal.
En ese momento, la comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo fue adelantada de manera conjunta con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) y la Policía Nacional, y permitió garantizar las condiciones de seguridad para la reubicación de las víctimas, teniendo en cuenta que se trata de familiares de un líder reclamante de tierras que fue asesinado previamente.