Ochenta y dos días después del operativo militar en el que fue abatido el jefe guerrillero de las Farc Raúl Reyes, y en el que fueron recuperados varios de sus computadores, la Fiscalía abrió la primera ventana al tan anunciado escándalo de la farcpolítica. El fiscal Mario Iguarán anunció, en una publicitada rueda de prensa, la apertura de una indagación preliminar contra tres periodistas, dos asesores de paz y cuatro extranjeros, al tiempo que le pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que haga lo propio respecto a los congresistas Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja.
La senadora liberal Piedad Córdoba ha sido una declarada opositora del gobierno del presidente Álvaro Uribe y desde agosto de 2007, sin abandonar sus labores en el Congreso, se constituyó en piedra angular para revivir el debate del acuerdo humanitario. De hecho, con el aval del Ejecutivo, invitó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para avanzar en las gestiones en favor de la liberación de varios secuestrados políticos en poder de la guerrilla. Su mediación permitió en enero y febrero de este año la entrega unilateral por parte de las Farc de siete plagiados.
Sin embargo, su intervención no estuvo ajena a la polémica. Defendió —y aún lo hace— el estatus de beligerancia para las Farc, una salida que le ha generado múltiples críticas. Las mismas que despertó la divulgación de una fotografía suya en compañía del jefe guerrillero Iván Márquez, portando una boina alusiva a las Farc. Ella argumentó que lo hizo como gesto para generar confianza. En desarrollo de su gestión activó contactos con voceros de las Farc y visitó en su campamento a Raúl Reyes. Hoy deberá explicar a la justicia hasta dónde llegaron sus relaciones.
Los otros dos parlamentarios que serán investigados por la Corte provienen del mundo sindical y hacen parte del Polo Democrático Alternativo. Se trata de Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez. El primero fue promotor del sindicato de trabajadores al servicio del Estado. En diciembre del año 2000 fue víctima de un atentado perpetrado por el paramilitarismo, hecho en el que participó y fue condenado un oficial del Ejército, el mayor César Maldonado, hoy prófugo. Borja hizo parte de una comisión oficial para buscar diálogos con el Eln.
Por su parte, Gloria Inés Ramírez, ex presidenta de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), ha sido una vehemente opositora del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y conocida detractora de las políticas dictadas desde la Casa de Nariño. Tanto Borja como Ramírez deberán enfrentar los señalamientos iniciales de su presunta colaboración con las Farc y, sobre todo, por qué aparecen mencionados en las comunicaciones de Raúl Reyes y los demás miembros del Secretariado.
La decisión de la Fiscalía también cobijó al ex ministro y ex candidato presidencial Álvaro Leyva Durán, quien desde hace más de 20 años ha protagonizado incontables acercamientos de paz con grupos guerrilleros. Participó en los diálogos que permitieron el cese al fuego con las Farc en tiempos de Belisario Betancur; fue determinante para lograr la liberación de Álvaro Gómez Hurtado, secuestrado por el M-19 en 1988; promovió diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que derivaron en varias rondas de negociaciones en la época de César Gaviria.
En tiempos de Ernesto Samper fue el hombre clave para negociar la libertad de 70 militares secuestrados por las Farc en agosto de 1996, en la famosa toma de la base militar de Las Delicias (Putumayo). En 1998 se convirtió en la llave que impulsó al entonces candidato presidencial Andrés Pastrana a reunirse con el jefe máximo de las Farc, Manuel Marulanda, y abrir la ruta de sus fallidos diálogos. Una relevancia súbitamente truncada por un proceso penal que lo vinculó al sonado escándalo del proceso 8.000.
Se asiló en Costa Rica para evitar la orden de captura que profirió el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez. Al final resultó absuelto por la justicia. Después reapareció y volvió a insistir en su obsesión de siempre: el acuerdo humanitario. Luego postuló su nombre por el Partido Conservador para la Presidencia en 2006. En pocas palabras, siempre ha sido interlocutor con las Farc y el registro de sus encuentros y conversaciones con la guerrilla, con toda seguridad clasificados en los PC de Reyes, pasará a partir de hoy a examen de la Corte Suprema de Justicia.
Los demás vinculados al escándalo son el ex comisionado de Paz Lázaro Viveros, los periodistas William Parra, de Telesur, y Carlos Lozano —director del periódico Voz y miembro de la Comisión de Notables durante los tiempos del proceso de paz del gobierno Pastrana y las Farc—, Liliana Patricia Obando, directora de la página web de Funceagro, y los extranjeros Amílkar Figueroa, integrante del Parlamento Latino, de origen venezolano; María Augusta Calle, perteneciente a la Asamblea de Ecuador; el ecuatoriano Iván Larrea y el catedrático norteamericano James Jones. Todos tendrán que rendir explicaciones a la justicia. Un capítulo que promete un match de protagonismos judiciales: parapolítica y farcpolítica. Guerra jurídica que apenas asoma la cabeza.