La emergencia social terminará por incrementar los gastos de los colombianos para acceder a los servicios de salud, aseguró Óscar Rodríguez, investigador en protección social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional.
El informe destaca que mientras que el gobierno busca proteger los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) para financiar su déficit fiscal y su proyecto económico, el efecto para los ciudadanos de ‘a pie’ dependerá del monto de los incrementos de los copagos y de las cuotas moderadoras, que permitirá a las EPS (Entidades Promotoras de Salud) obtener más recursos.
Explica Rodríguez que los recursos del Fosyga constituyen la cuenta más importante que tiene el gobierno en el sistema financiero y cerca del 50 por ciento está destinada a financiar el déficit fiscal, a través de títulos de tesorería (TES).
Los dineros del Fosyga funcionan como la caja menor del Gobierno, agrega Rodríguez, en el informe presentado por el CID.
Destaca el informe que con las medidas de emergencia el Gobierno busca conseguir más recursos, para financiar los eventos que no están contemplados en el POS, a través de incrementos en los impuestos al consumo de tabaco y licores.
Por cuenta de la Ley 715, los departamentos y municipios dejarían de recibir cerca de 12 billones de pesos para la salud, entre 2002 y 2010; mientras que con la reforma de 2007 el efecto alcanzaría los 54 billones pesos entre 2007 y 2025, precisa el estudio al explicar que lo que el país se ‘ahorro’ en transferencias lo gastó a través de programas como familias en acción.
Problema estructural
Rodríguez indica que con la declaratoria de emergencia, el Gobierno dice que hay que abrir una cuenta para financiar los eventos no POS y eso lo obliga a buscar recursos, cuando el problema fue originado en las reformas que el mismo adelantó. Ante la opinión asegura que las dificultades se deben a las tutelas interpuestas por 388.000 personas del régimen contributivo que terminan costándole al Estado cerca de 1,8 billones de pesos, dice el informe del CID.
Revela el informe que el problema es de la salud en el país es estructural y que fue la reforma a las transferencias la que disminuyó los recursos para la salud y para educación.
La Ley 715 de 2002 y la reforma del 2007 disminuyeron los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que debían recibir los hospitales y los municipios, los cuales se hacen cargo de la salud subsidiada, puntuializa el informe del CID.