El sistema de seguridad social, implementado a partir de la Ley 100 de 1993, debilitó los deberes del Estado frente a la salud pública y la prevención de las enfermedades, y 15 años después de entrar en funcionamiento, a pesar de haber aportado incuestionables mejorías, representa un modelo con profundas injusticias y estancamientos graves tanto en el acceso a los servicios de salud como en el estado de seguridad social de los colombianos.
Esta es una de las conclusiones contenidas en un trabajo desarrollado por la Procuraduría General de la Nación y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que fue presentado ayer a la sociedad colombiana y que como principal conclusión expresa que la Corte Constitucional debería declarar un “estado de cosas inconstitucional” en materia de salud, a fin de remediar los graves problemas que afronta el sistema en materia de acceso, arbitrariedad y calidad.
Como uno de los cuestionamientos, el informe revela que en términos de equidad en salud, la Ley 100 de 1993 terminó por imponer una situación inaceptable: dividir la población a partir de los ingresos, generando un sistema de salud para ricos, otro para clases medias y uno más para pobres. La distinción entre régimen contributivo y subsidiado, con la opción para personas con mayor capacidad de pago para adquirir planes complementarios que les garantice cobertura en salud más amplia y diferenciada.
En contraste, después de 15 años, el derecho fundamental a la salud, no está plenamente satisfecho. Es decir, la universalidad (cobertura total) no se ha logrado, entre otros aspectos porque el modelo para la prestación del servicio público de salud, busca esencialmente la eficiencia económica de las EPS y no está volcado a la satisfacción del usuario del servicio.
“La Ley 100 restringió el sistema de satisfacción del derecho a la salud, a la gestión del riesgo de las familias de acceso a las soluciones de enfermedades”, expresa el documento, que atribuye este panorama a que el modelo está enfocado a garantizar el equilibrio financiero y no la salud.
Este grado de equilibrio que se busca en materia financiera, según el informe, contrasta con el desequilibrio de la competencia entre las EPS, IPS y los usuarios. Esa interacción termina fomentando la utilización de tecnologías de bajo costo, la demora en los pagos y el atraso en la prestación de servicios. La prueba más clara es lo que los entrevistados denominan “el paseo de la muerte”. Muchos pacientes llegan a las clínicas, pero como el Instituto de Seguro Social les debe dinero, se dice que no hay camas y las personas mueren en las puertas de los hospitales.
En medio de las limitaciones del sistema de salud, se ha abierto paso la utilización de la acción de tutela como una válvula de escape para aliviar las tensiones. El documento reconoce que gracias a esta posibilidad se han salvado muchas vidas y que, frente a aquellas propuestas que pretenden eliminarla, debe ser protegida, aunque por sí sola, no pueda corregir todas las injusticias y distorsiones que tiene el sistema de seguridad social en Colombia.
Según los expertos, si se ampliara el Plan Obligatorio de Salud (POS) en los elementos (medicamentos y cirugías) que más son solicitados por vía de tutela, éstas se reducirían notablemente. En la práctica ya se ha demostrado que ésta opción es viable. Por ejemplo, la inclusión del examen de carga viral o la entrega de antirretrovirales en virtud de un acuerdo de 2004, significó una progresiva disminución de las tutelas por parte de pacientes con VIH sida. De cualquier modo hoy los ciudadanos saben que si van al litigio mejora su salud.
El informe de 219 páginas conocido por El Espectador recomienda que, además de la declaratoria de “estado de cosas inconstitucional” por parte de la Corte, convendría tramitar en el Congreso varias leyes estatutarias en derechos sociales, a fin de evitar el alud de tutelas en estos mismos campos. En síntesis, la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y DeJusticia, con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación, entregan un documento que sugiere repensar el sistema de salud a la luz de los estándares de Derechos Humanos y abrir un amplio debate nacional sobre el tema para que el Estado cumpla con las obligaciones internacionales que ha suscrito en esta materia. Además advierte que las violaciones a los Derechos Humanos deben ser investigadas y, obviamente, en ellas se incluye el desacato a la salud.
La ruta de la Ley 100
La Ley 100 de 1993 o Ley de Seguridad Social tuvo origen en los debates que culminaron con la expedición de la Constitución Política de 1991. Su propósito esencial era asegurar el acceso universal e igualitario al tratamiento médico de las enfermedades, así como prever estrategias de prevención y de salud pública. Sus primeras dificultades trataron de ser corregidas a través de la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007. En este último articulado se le asignó al Ministerio de Protección Social la obligación de desarrollar un Plan Nacional de Salud Pública. Por eso el 10 de agosto de 2007, a través del Decreto 3039, se adoptó el Plan hasta el 2010. Según la investigación, aún es temprano para concluir si el Plan ha logrado corregir las deficiencias del sistema.
Hay aumento en tutelas y retroceso en vacunas
Hace 15 años, a raíz de la expedición de la Ley 100, aumentaron significativamente los recursos públicos para acceso a la salud, especialmente para atender los sectores más pobres. Sin embargo, estos avances parecen estancarse y la realidad de hoy es de serios problemas de injusticia, cobertura y calidad en el servicio de salud.
La conclusión es del procurador Edgardo Maya Villazón, quien además de las críticas mencionadas, sostiene que hoy son recurrentes los casos de personas que mueren en las puertas de los hospitales, porque las entidades prestadoras se niegan a recibirlas, o de quienes son sometidos a innumerables trámites para acceder a medicamentos o tratamientos en salud.
El jefe del Ministerio Público señaló que en los últimos años se han presentado 80.000 tutelas por violación al derecho a la salud. Pero además, en temas de salud pública, hay indicadores que muestran que en materia de vacunación hay un retroceso en términos de cobertura y de equidad, con el consecuente aumento de algunas enfermedades.