“Las medidas tomadas hasta ahora por los órganos Legislativo y Ejecutivo solo han constituido “incipientes esfuerzos” sin mayor impacto (…) Causa inmensa preocupación que los diferentes órganos estatales no comprendan aún los compromisos de un Estado Social de Derecho, como no otorgarle la debida importancia al derecho a la salud”.
Cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia T-760 de 2008, en la que ordenó a todas las entidades del Estado relacionadas con el tema de la salud ponerse al día con las medidas necesarias para que los colombianos tuvieran acceso a ella, lo que el alto tribunal dejó plasmado en esa providencia era una realidad que hacía mucho tiempo se había hecho evidente para millones de colombianos: que la salud estaba en la más profunda crisis. Hoy, en la audiencia de seguimiento a esa sentencia, la Corte llegó a la conclusión de que de la crisis no se ha salido. Y lo peor, que al Estado poco le importa.
Durante la reunión el presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Integral, Jaime Arias, observó con bastante incredulidad la rendición de cuentas del ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry: según el alto funcionario, en 14 años el sistema de salud empezará a superar el déficit que hoy lo derrota. “(Son cálculos) optimistas pero incumplibles”, refutó Arias, quien puso el dedo en la llaga cuando agregó: “el manejo de los recobros de servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud es el «cáncer del sistema”.
Por esa misma línea de argumentos se inclinó Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Justicia: “Las medidas para evitar irregularidades en los sistemas de recobro siguen siendo puntuales y fragmentarias. No tenemos claridad realmente cuáles van a ser las estrategias para garantizar que exista un control efectivo de esas irregularidades”, indicó.
Durante esta audiencia de control no hubo entidad estatal o entidad prestadora de servicio que no resultara con un llamado de atención por parte de la Corte Constitucional, la cual indicó con desconcierto que “la sociedad colombiana se pueda catalogar hoy de enferma”.
En medio del encuentro, el magistrado Jorge Iván Palacio expresó lo que, básicamente, la premisa que se está defendiendo a través de estas medidas judiciales: “La salud no puede ser un negocio para lucrar a unos pocos. La actividad de los mercaderes de la salud va en detrimento del derecho fundamental de niños y niñas, de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad, de discapacitados, de indígenas, de negritudes; y, en últimas, de la sociedad en general”.