Tal y como el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, había anunciado a principios de este año, una de sus intenciones para 2015 sería regular el uso de la marihuana con fines terapéuticos. Desde entonces había dado varias pistas sobre cuál podría ser la ruta para concretar ese objetivo.
Aunque el tema se sabía con antelación, ayer el camino comenzó a aclararse con la publicación del borrador del decreto que busca “reglamentar la tenencia y cultivo de semillas y plantas de cannabis”. Según el documento, la idea es “regular los procesos de producción, fabricación, exportación, distribución, comercio, uso y tenencia” de la sustancia exclusivamente para fines médicos y científicos.
En otra palabras, en caso de que el decreto llegase a ser firmado por Gaviria, así como el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, de ahora en adelante en Colombia será legal cultivar marihuana siempre y cuando sea utilizada para esos dos propósitos. Nada más. Y para ello, el documento de 18 páginas especifica cuáles serían las reglas para obtener una licencia para cultivar, fabricar y exportar productos con fines terapéuticos. Mapas de los cultivos, planes, certificados, descripciones precisas, pólizas de seguros, estrictas medidas y protocolos de seguridad son algunas de las condiciones que plantea el minsalud para poder legalizar una industria que ha estado funcionando desde hace décadas sin reglas claras de manufactura.
Como Gaviria ha señalado en varias ocasiones, la idea es crear unas condiciones de seguridad para productos que ya están en el mercado, pero cuya materia prima es ilegal. Se trata de artículos como pomadas, té, gotas o extractos. Algunos, incluso, ya cuentan con registro sanitario pero pese a ello su elemento base sigue siendo ilícito.
Esas condiciones serán indispensables para expedir las respectivas licencias de cultivo, fabricación y exportación. Para verificar que se cumplan a cabalidad y no se les dé otro uso comercial, el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Policía realizarán visitas esporádicas a los cultivos y laboratorios. Si encuentran que no se siguen las reglas al pie de la letra, están autorizados para anular las licencias.
Aunque el documento aún no ha sido firmado por los ministros, algunos dan por hecho que antes de que finalice el mes el país tendrá noticias sobre esta nueva reglamentación. De hecho, el minsalud ya ha dado pistas sobre su intención. En entrevista con este diario dijo hace unas semanas que la regulación del cultivo de marihuana destinada a productos medicinales quedará lista en noviembre. De ser así, de acuerdo a los cálculos hechos por esta cartera, el crecimiento de la industria medicinal le podría significar al país hasta US$2.000 millones anuales en exportaciones.
“El mundo entero dio un giro y hay gran cantidad de países que han ido reglamentando el uso medicinal”, dijo el ministro de Agricultura a Blu Radio.
Para Camilo Cruz, representante legal de la Asociación para el Desarrollo de la Industria Cannábica y miembro de una de las pocas empresas cannabicultoras constituida legalmente en Bogotá, uno de los pasos más importantes del decreto es la cantidad de plantes que se podría cultivar con la reglamentación, aunque hace falta especificar algunos detalles.
Por ejemplo, dice, no es claro el rol que tendría la Policía a la hora de tratar el tema y tampoco se tiene certeza de quiénes podrían pedir una licencia de investigación. Según el documento, sólo lo podrían solicitar universidades o centros de investigación que cuenten con una licencia para ejecutar actividades médicas y científicas y con un certificado del Ministerio de Educación que los acredite como instituciones de educación superior.
“Será necesario hacer cambios en el futuro y plantear mesas de trabajo para ajustar el decreto a la realidad colombiana”, asegura Cruz.
Y si bien es cierto que la decisión del minsalud representa un avance en un debate que Colombia ha venido pidiendo desde hace décadas, ya tiene algunos opositores que, seguramente, demandarán la medida por vía administrativa. El procurador, Alejandro Ordóñez, es uno de ellos. “Debo leer qué perlas encontraremos en el decreto”, dijo ayer.
De ster así, existe la posibilidad de que, mientras se toma una determinación, el decreto sea suspendido. Y en ese escenario existe también la probabilidad de que la decisión quede en manos del órgano que hace mucho debió legislar sobre el tema: el Congreso.