Jorge Camilo Paniagua consideró que era contraproducente el cobro de esa tasa impuesta por el Ministerio de Protección Social a favor del Fondo Nacional de Estupefacientes, sin haber pasado antes por el Congreso de la República, la única corporación para aprobar impuestos nacionales.
La tasa cobrada por el Fondo en comercio exterior se denomina Cif, por sus siglas en inglés, que está relacionada con el costo, seguro y flete, en este caso, de medicamentos de control especial, drogas, materias primas o precursores utilizados en su fabricación.
"Los actos demandados causan un grave perjuicio los ciudadanos y, en especial a quienes padecen enfermedades que necesitan tratarse con medicamentos controlados, pues en últimas deben soportar el mayor costo generado por la tasa impuesta", alegaba el demandante Paniagua.
El Mininsterio de Protección argumentó que la tasa cobrada era utilizada en "los gastos de administración y vigilancia en que incurre el Fondo Nacional de Estupefacientes. Este encuentra respaldo en el artículo 95 – 9° de la Constitución Política a cuyo tenor los particulares deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad", sin tener en cuenta que ese valor debía ser aprobado en primera instancia por el Congreso.
El Consejo de Estado aclaró que ningún tribuno puede existir sin "una ley previa que lo establezca", y que las leyes sólo pueden ser determinadas por el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos de distrito y municipios. Por tanto ordenó que el Fondo Nacional de Estupefacientes deje de cobrar el 10% por gastos de administración y 10% por gastos de vigilancia a la importación de medicamentos de control especial.