Hoy, el Senado de Paraguay decide la aprobación de una nueva ley de vigilancia masiva de comunicaciones que, sin mayores grandilocuencias, podría ser una de las más drásticas del continente.
La iniciativa es popularmente conocida como Pyrawebs y establece que las compañías de telecomunicaciones paraguayas deben rastrear y almacenar la información de sus usuarios durante 12 meses, sin importar si éstos son sujetos de una investigación por parte de las autoridades. Los datos que la ley pide almacenar tienen que ver, por ejemplo, con la hora y fecha de una llamada, así como el lugar desde donde fue hecha y las direcciones IP utilizadas en las comunicaciones; éstas son una especie de huella digital electrónica por la cual se sabe quién está a cada lado de la línea. La ley fue rechazada unánimemente por la Cámara de Diputados en marzo de este año.
La decisión ahora está en manos del Senado, que en primera instancia aprobó el proyecto (septiembre de 2014), pero que parece haber cambiado de opinión luego de la votación de los diputados y la presión social que hay para su rechazo. De acuerdo con la senadora Blanca Fonseca, presidente de la comisión de derechos humanos de esta cámara, hay un 99% de probabilidad de que Pyrawebs sea rechazada por los senadores. Fonseca aseguró que la comisión que preside votó ayer en contra de la iniciativa casi por unanimidad.
“El proyecto de ley es inconstitucional. Hasta ahora, no han sido incorporadas salvaguardas adicionales para asegurar que las medidas que el proyecto impone se apeguen a los derechos humanos”. De ser rechazada, como lo anticipa la senadora Fonseca, la iniciativa pasaría a manos del poder Ejecutivo, que tiene la potestad de vetarla o sancionarla. Sin embargo, hasta ahora, la posición de esta rama sobre la ley Pyrawebs no queda del todo clara.
En Paraguay opera el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado ilegal que tiene un secuestrado en su poder. La existencia de esta guerrilla ha sido una de las justificaciones para la redacción de la ley Pyrawebs, que nació como una iniciativa del Ministerio Público.
Como en otros lugares, la discusión en Paraguay ha estado mediada por el pulso entre la seguridad y la privacidad en la era digital, un asunto que fue expuesto con amplitud esta semana en la aprobación del Freedom Act en Estados Unidos, ley que, por primera vez en varias décadas, le impone límites a ciertas operaciones de vigilancia de los organismos de inteligencia de este país, particularmente la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés).
Esta ley oficialmente acaba con la recolección masiva de metadatos telefónicos de la agencia y establece mayores controles de transparencia para la llamada corte FISA, el tribunal que supervisa operaciones de inteligencia de esta institución. Aunque buena parte de los poderes de la NSA siguen intactos, la batalla legal para reformar estos temas, un asunto que comenzó hace poco menos de un mes en una corte federal de apelaciones y continuó en el Congreso, puede ser una muestra de un cambio de actitud en la forma como este país balancea la seguridad nacional (en especial después de los atentados del 11 de septiembre) y las libertades civiles de millones de personas que siguen la ley.
Esta no es una discusión menor ni local. La importancia y el alcance de las acciones de la NSA quedaron ampliamente demostradas por las revelaciones de Edward Snowden, el antiguo contratista de la agencia, quien expuso una red de inteligencia y vigilancia global que llegó a penetrar las comunicaciones de personas como la canciller alemana, Ángela Merkel, entre muchas otras.
Lo importante acá no es sólo la operación mundial de vigilancia emprendida por la NSA, en conjunto con sus aliados en países como Reino Unido y Nueva Zelanda, sino la idea detrás de estas acciones, el sustento filosófico, por llamarlo de cierta forma: en el mundo del terrorismo la vigilancia masiva contra ciudadanos comunes y corrientes no sólo es conveniente, sino necesaria.
Esta necesidad impuesta poco después de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono ha moldeado en buena parte la tecnología de hoy, así como la forma en la que los ciudadanos y los gobiernos se relacionan con la internet. Pero también, ha despertado una discusión mundial acerca de los límites entre la seguridad y la privacidad.
“La seguridad nacional y la privacidad no se excluyen mutuamente. Ambas pueden lograrse a través de la recolección responsable de inteligencia, que respete las libertades de los ciudadanos que siguen la ley”. Las palabras, publicadas por The New York Times, son del senador republicano James Lankford, uno de los que apoyó la aprobación del Freedom Act.
Estudios del Departamento de Justicia de EE.UU. señalan que la recolección masiva de metadatos telefónicos no ha contribuido de ninguna forma significativa en los esfuerzos contra el terrorismo, como lo señaló en entrevista con este diario Ian Brown, experto en seguridad y profesor de Oxford.
Los cambios en Estados Unidos, así como el debate abierto en lugares como Paraguay, parecen señalar nuevos caminos para balancear la necesidad de seguridad y vigilancia en la era del terrorismo con las oportunidades y libertades que otorga la red para todos.
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