El Gobierno de España aprobó un anteproyecto de ley con medidas para intentar acabar con la piratería en internet, que incluyen la posibilidad de cerrar las páginas web cuyo contenido viole los derechos de autor o propiedad intelectual ajenos.
La ministra española de Cultura, Ángeles González-Sinde, explicó que ninguna página web se cerrará sin que lo decida un magistrado, que en este caso será de la Audiencia Nacional.
En este sentido, agregó que "da la última palabra a los jueces, que deberán decidir rápidamente".
El anteproyecto, que deberá aún ser debatido en el Parlamento, ha contado hasta ahora con el rechazo del principal partido de la oposición (PP), que al igual que los internautas españoles reclamaba que el cierre de páginas web sólo pudiera decidirlo un juez.
Entre las medidas aprobadas figura la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que será el órgano que reciba las denuncias de afectados por la piratería.
Una vez que esta Comisión compruebe que, en efecto, existe una vulneración de los derechos de autor o propiedad intelectual, solicitará el cierre o bloqueo de la página a un juez, que tendrá cuatro días para escuchar a las dos partes y decidir.
Ese proceso, "no elimina ni anula" la posibilidad de que el caso siga su curso por los cauces judiciales normales, lo que incluye la posibilidad de que los responsables de páginas web que sean cerradas o bloqueadas recurran la medida judicial.
"Los internautas no deben estar preocupados ni molestos", sostuvo la ministra, quien previó que las medidas antipiratería afectarán "a lo sumo a un centenar de páginas".
González-Sinde destacó lo necesario de estas medidas, dado que la creación intelectual es "un sector estratégico para la transformación del modelo productivo" y supone un 4,2% del Producto Interior Bruto de España.
Por ello es preciso promover "un mercado cultural legal", dijo.
Desde que hace dos meses se supo que el Gobierno pensaba aprobar estas medidas, miles de internautas españoles se pusieron en pie de guerra por temor a que con ellas se recortaran los derechos y la libertad de expresión en la red, y exigieron que no se pueda cerrar ninguna web sin que lo decida un juez.
Del otro lado, la industria audiovisual, reclama desde hace tiempo a las autoridades que pongan freno a la piratería en internet, ya que esta práctica ilegal genera cuantiosas pérdidas económicas y de empleo al sector.