Twitter, la red de microblogging reconocida por ser un canal de libre expresión para más de 100 millones de personas en el mundo, y a través del cual se organizaron la mayoría de las protestas prodemocráticas de 2011, recién anunció que impondrá un sistema de censura selectiva de contenidos en ciertos países. A esto se suma que ayer, después de negociaciones secretas, 22 países de la Unión Europea firmaron el tratado del ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), que propone un renovado marco legal para la defensa de la propiedad intelectual a través de la cooperación internacional y que, según sus opositores, significará un aumento de la censura en la red y de la persecución de tipo penal para los proveedores de internet que favorezcan la piratería a nivel comercial.
Las noticias llegan tras dos semanas en las que la libertad de expresión en internet ha ocupado las primeras páginas de la prensa mundial. Primero con la discusión de las leyes antipiratería Sopa y Pipa, que se encuentran estancadas (¿estancadas o fueron retiradas?) en el congreso de Estados Unidos mientras se busca un mayor consenso; segundo, con el cierre del portal de almacenamiento de información Megaupload y la detención de su fundador, Kim Dotcom, en Nueva Zelanda.
El cambio de políticas anunciado por Twitter obedece, según la publicación en el blog oficial de la compañía, a que la plataforma se extenderá a otros países “que tienen ideas diferentes sobre la libertad de expresión”. Por eso, ciertos contenidos empezarán a ser censurados no sólo en países sometidos a regímenes autoritarios, sino también, según el anuncio, en países como Francia y Alemania “que eliminan contenidos pro-Nazis”. La censura selectiva, el sistema que se empezará a implementar, restringe contenidos en determinados países pero no impide que las mismas publicaciones salgan a la luz en el resto del mundo: “Hasta ahora, la única forma que teníamos de cumplir las normas de esos países era eliminar el contenido a todo el mundo. Desde ahora, nos damos la posibilidad de retirar contenido en países específicos manteniéndolo disponible en el resto del mundo”, señala el comunicado oficial de la red.
La compañía también indica que las restricciones mencionadas no se han empezado a aplicar, pero “en el momento en que nos soliciten retener un tweet en un país específico, intentaremos hacérselo saber al usuario y resaltaremos cuándo el contenido ha sido retenido”. Para concluir, añade que uno de los principales valores de la compañía es defender la voz del usuario, “trataremos de mantener arriba el contenido dónde sea y cuándo sea que podamos y seremos transparentes con los usuarios cuando no sea posible. Los tweets deben seguir fluyendo”.
Pero con la censura selectiva, según Juan J. Velasco, redactor de los portales Bilatelia y Gizmóvil y uno entre los miles de entusiastas del software libre y la libertad de expresión en las redes sociales que hoy manifiestan su indignación, “la información dejará de ser global y no todos los usuarios de Twitter tendrán acceso a la misma información puesto que estará sesgada y sujeta lo que dictaminen los gobiernos”. Para poner un ejemplo, los twiteros de Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán – recién calificados por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) como los países donde mayor censura ejerce el Estado a los medios de comunicación- que quieran manifestar su descontento o denunciar la corrupción de sus gobiernos a través de la red social, ya no podrán hacerlo. Se encontrarán con el aviso de que el contenido de su mensaje ha sido censurado.
Ya se escuchan las voces, como la de RSF, que hoy piden a Twitter rectificar su decisión de bloquear contenidos en función de legislaciones locales, por considerarla una medida «nociva» que priva a los “ciberdisidentes” de una herramienta crucial. «Estamos muy preocupados por esta decisión, que no es otra que una censura a escala local, en colaboración con las autoridades y en conformidad con legislaciones locales que muy a menudo están en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión», declaró RSF en una carta dirigida al presidente de Twitter, Jack Dorsey.
En la misiva, la organización defensora de la libertad de prensa hace preguntas a Twitter que no han sido respondidas: ¿Obedece este cambio de estrategia al deseo de meterse a cualquier precio en el mercado chino? Al respecto, RSF recuerda que las plataformas de micro-blogs que funcionan en país asiático, como Sina Weibo, son obligadas a colaborar con las autoridades e imponer una censura permanente.
La decisión representa un abrupto giro con respecto al papel que venía cumpliendo Twitter especialmente en los países del norte de África y Oriente Medio, donde miles de opositores, a través de la red, se pusieron de acuerdo para salir a las calles a derrocar a los gobernantes de Túnez, Yemen, Egipto y Libia. Asimismo, otros tantos miles de “ciberdisidentes” se pusieron de acuerdo para ocupar las calles de Londres, Madrid y otros países de Europa. Para entones, el sitio web había manifestado que no pretendía ejercer ningún tipo de censura al contenido publicado por cualquier usuario en cualquier parte del mundo. Pero ahora, quienes quieran hacer escuchar su grito de protesta en la red la tendrán más difícil.
Anonymous, la red global de hackers enmascarados, ya ha manifestado su oposición a la medida y varios internautas se han sumado a una huelga de tweets que se realizaría mañana con el objetivo de bloquear la red. “No haré ningún tweet”, anuncian.
Muchos otros cibernautas también se manifiestan en contra del tratado del ACTA, firmado ayer en Japón por 22 países de la Unión Europea y que deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo en junio. El ACTA consiste en un acuerdo comercial que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual en internet. Miles de entusiastas de la transferencia gratuita de información a través de la red se manifiestan en su contra, no sólo porque lo interpretan como un incremento de la censura en la red, sino porque las primeras negociaciones del acuerdo se realizaron en secreto por los gobiernos y sólo se conocieron después de que hubo filtraciones en la red.
En Estados Unidos están frenadas las leyes antipiratería (SOPA y PIPA) en el Congreso, pero el ACTA ya fue suscrito en 2011 por los norteamericanos, que son sus principales impulsores. Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros, también lo han firmado. El tratado admite nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de internet a vigilar los contenidos en la red. Quienes se oponen argumentan que esto incrementa la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la red por parte de los operadores.
Sin embargo, el comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, aseguró que el ACTA “no restringe la libertad de internet ni propone la censura de webs. El tratado quiere garantizar que las organizaciones criminales sean perseguidas cuando roban la propiedad intelectual, dañando la innovación y destruyendo empleo”.