El Parlamento Europeo (PE) adoptó este jueves un paquete legislativo sobre la protección de los datos personales que obliga a las empresas a una serie de reglas de transparencia sobre su gestión, como el «derecho de olvido» e instrumentos de reclamación. (Lea «Europa endurece las leyes de protección de datos»)
Los dos informes sometidos a al cuerpo legislativo, que lograron un amplio consenso que quedó en evidencia en el debate del miércoles, establecen unos estándares de protección más adaptados a la presencia de internet, que poco tiene que ver con la del año 1995, fecha de la normativa en vigor.
El objetivo principal, según los dos ponentes, Jan Albretcht y Marju Lauristin, es dar más control a los ciudadanos sobre la información privada que ponen en línea, con el establecimiento claro de responsabilidades de las empresas en internet, que paralelamente dispondrán así de unas reglas comunes en los 28 países de la Unión Europea (UE).
La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, destacó que este paquete sobre la protección de datos permitirá a la UE «sacar partido del mercado digital», al tiempo que los ciudadanos tendrán más información sobre cómo se gestionan sus datos personales, y, además, en una forma que les sea comprensible.
«El derecho de olvido -afirmó Jourova- va a quedar bien aclarado», de forma que se precisa el mecanismo para solicitar a los buscadores de internet que retiren información privada de sus resultados, pero con limitaciones para tener en cuenta la libertad de expresión.
La comisaria, que hizo hincapié en que las firmas extracomunitarias tendrán que respetar la normativa europea -un mensaje dirigido, sobre todo, a los gigantes de internet, en su mayoría estadounidenses, afirmó que se va a trabajar con los Estados miembros para que incorporen este paquete en su legislación, de forma que entre en vigor en 2018.
Las nuevas reglas sustituyen las que están en vigor concebidas hace más de dos décadas, cuando internet estaba en sus albores, y con ellas se pretende que los ciudadanos dispongan de mayor control sobre sus datos personales.
Eso pasa por la obligación de dar una autorización explícita para que éstos sean tratados por las empresas, que tendrán que presentar sus condiciones en un lenguaje claro y conciso, sin letra pequeña.
Será más fácil dar marcha atrás en el permiso parental para que niños o adolescentes tengan cuentas en las redes sociales.
Uno de los principales puntos es el llamado «derecho al olvido«, es decir reclamar el borrado de informaciones personales para que no aparezcan con los motores de búsqueda, pero con límites para no anular el derecho a la información.
Los consumidores podrán saber que sus datos se han pirateado porque las empresas habrán de notificar estos incidentes a las autoridades de supervisión, cuyas competencias se amplían para acoger las posibles denuncias.
Las multas en casos de infracción podrán llegar al 4% de los ingresos globales de las compañías, que tendrán que nombrar a un responsable en caso de que el tratamiento de datos esté en el centro de su negocio.