"Desde 2005 que empezamos las investigaciones contaba con que podían haber actitudes de ciertos sectores para tratar de afectar el normal desempeño de las actividades. Ha habido actuaciones muy indebidas muy reprochables con el propósito de afectar mi imagen y la credibilidad de la Corte", manifestó el magistrado Iván Velásquez.
En la tarde del martes Velásquez aseveró que ha sido presa de las acusaciones porque es visto como un "motor" de la investigación.
El jurista antioqueño, investigador estelar y coordinador de la estructura de apoyo de los procesos de la parapolítica, afronta la encrucijada judicial más problemática de su larga carrera como abogado y funcionario, por cuenta de sus presuntos excesos o irregularidades en el manejo de los expedientes que adelanta el alto tribunal.
Con respecto a las grabaciones presentadas por la senadora Nancy Patricia Gutiérrez Velásquez afirmó que “está uno a la defensiva porque con cualquier persona que hable puede estar grabando para presentar después fraccionadamente el texto, para distorsionar y descontextualizar”,
Así mismo, reiteró que la ciudadanía puede confiar en que no ha hecho ninguna promesa para seducir a un testigo ni pagado prebendas.
Velásquez negó igualmente la existencia de un “expediente fantasma” como lo había afirmado el investigador del CTI Juan Carlos Díaz.
El Espectador reveló en su edición del domingo pasado que la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, luego de sostener una reunión el 11 de julio con el investigador del CTI de la Fiscalía Juan Carlos Díaz Rayo, denunció que el magistrado Velásquez estaba armando procesos a espaldas de los señalados por los declarantes en la Corte, violando los principios constitucionales al debido proceso, y que para ello sus testimonios eran tomados en el expediente 26.625, que es un proceso general al que no tienen acceso los abogados defensores de los congresistas indagados.
En esencia, la parlamentaria de Cambio Radical señaló que el magistrado Velásquez ha venido ordenando declaraciones de testigos sin la participación de los afectados o sus abogados, evitando que éstos pudieran controvertir las declaraciones.