Mejor un acuerdo

El problema comenzó cuando los dos gobiernos no pudieron encontrar una forma amistosa de solucionar un problema binacional que se fue creciendo. En 2001, durante la administración Pastrana, se decidió llevar a cabo, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, y dentro del Plan Colombia, una masiva campaña de fumigación para erradicar las plantaciones de coca en todo el país, en especial en la zona fronteriza con Ecuador. Las quejas del lado de allá no se hicieron esperar. Que los aviones sobrepasaban con frecuencia la frontera, o que sin sobrepasarla la aspersión de los químicos, en especial el glifosato, terminaba llegando a territorio ecuatoriano arrastrados por el viento.

Como la posición del gobierno anterior fue tan férrea en no ceder en la disminución del uso de químicos, en la medida en que no se consideraba que estuvieran afectando al país vecino, en Quito se optó por hacer efectiva la amenaza y llevar el tema ante la Corte Internacional de Justicia. Su principal argumento era que los químicos estaban afectando gravemente la salud de sus pobladores, amén de la agricultura y la ganadería.

El proceso, similar en su procedimiento al que se adelantó por parte de Nicaragua contra Colombia, se inicio en 2008. Desde entonces, las partes tuvieron oportunidad de adelantar sus respectivos alegatos y presentar los descargos y las pruebas correspondientes. Dentro de pocos meses quedaba por cumplirse la última etapa del proceso, que correspondía a los alegatos finales. De ahí en adelante la Corte quedaría lista para fallar.

Las cosas, por lo que se podía ver, y según los entendidos en estos temas, no pintaban bien para Colombia. Los argumentos y las pruebas presentadas desde el país vecino hacían presumir que terminaríamos de nuevo con un fallo adverso en La Haya. Lo anterior, luego del problema generado por el fallo adverso ante Nicaragua, ya presagiaba nuevas tormentas para el actual gobierno.

De ahí que en buena hora, y mediante un proceso de entendimiento bilateral, sin las estridencias de los micrófonos, la administración Santos llega a un acuerdo que evita un problema mayor. Otra decisión, por parte de una Corte Internacional, que vaya en contra de los intereses del país sería muy difícil de atender. No sólo por lo efectos internos, sino por las consecuencias a nivel internacional.

La Cancillería, por lo que se deduce de las informaciones, agarró el toro por los cuernos y aprovechando el buen momento por el que pasa la relación bilateral logró que ya casi se de por descontado el desistimiento de Ecuador del proceso ante la Corte. Así lo ha reconocido el propio Presidente Rafael Correa.

Es inevitable pensar cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado si con Nicaragua se hubiera alcanzado algo similar. Al parecer se intentó hacerlo durante el gobierno Samper, pero la filtración de la noticias hizo fracasar entonces una gestión que apuntaba en la dirección correcta.

Por ahora es bienvenido el arreglo. En especial dado que el dinero que se aportará, irá destinado al desarrollo social y económico de las áreas de frontera y compromete a los dos países en el combate con el narcotráfico.