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Se decidió por la estrategia jurídica de impugnar el acto administrativo de la Registraduría Distrital, la cual, mediante la resolución 1019 de 2012, dijo que existía el número de firmas válido para que el proceso de revocatoria continuara. Así, 630.623 firmas fueron entregadas por el Comité Promotor, liderado por el representante Miguel Gómez, donde 355.353 fueron declaradas válidas, superando de esta forma el requisito numérico. Para la defensa de Petro no lo son.
Esto, porque un equipo de grafólogos, de la defensa del alcalde, certificaron que las firmas presentaban unos problemas insalvables para los criterios de la Registraduría. Petro tenía dos opciones: aceptar la decisión y confrontar la sensación de insatisfacción ciudadana en las urnas o interponer los recursos legales para dilatar un poco más el proceso electoral. Se decidió por lo segundo a pesar de que pensábamos, en un principio, que se quedaría más con lo primero.
En la Alcaldía las posiciones están divididas. Un ala piensa que Petro tiene la popularidad y el respaldo suficiente para ganar en las urnas. Sobre todo por una última encuesta que revela la favorabilidad que ha ganado la administración distrital durante los últimos días. Y eso, dentro de esta lógica, le daría mucha más legitimidad simbólica al alcalde frente al proceso disciplinario que la Procuraduría adelanta en su contra por el caso de las basuras en Bogotá. Se trataría, por supuesto, de un mandato expreso, no sólo elegido democráticamente, sino refrendado y asegurado. Sería una muestra clara de que en Bogotá sí quieren más mandato de este alcalde.
La otra ala piensa distinto. Piensa (o, más bien, dice que piensa) que, mucho más allá de lo que es el alcalde en términos políticos, los ciudadanos se merecen saber si este proceso de recaudación de firmas liderado por el representante Gómez fue válida o no. Es obvio que dentro de todo este discurso está el elemento práctico: dilatar el proceso y que se decida después para que la Alcaldía, aún así Petro sea revocado en las urnas, quede en manos del partido Progresistas. Esto porque se elegiría de una terna enviada a Presidencia de la República. Luis Fontalvo, el abogado, interpuso un recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El uno irá ante el ente que profirió la decisión y el otro ante la Registraduría Nacional, en cabeza de Carlos Ariel Sánchez. El alcalde, por ahora, respira.
¿Por qué hizo esto hasta el último día? Porque podía, en primer lugar. La ley permite esta clase de estrategias leguleyas, que son válidas. Pero sí asalta la duda de por qué un hombre como Petro no se les mide a las urnas de una vez, siguiendo la línea del secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien cree en la legitimidad local de esta alcaldía. Tal vez la propia confianza esté minada. Tal vez dilatar el proceso sea la estrategia más inteligente, que no propia de la confianza, pero que sí le permitirá la tranquilidad.
No es mucho lo que va a cambiar. Las probabilidades de que la Registraduría Distrital revoque su decisión o que el ente superior lo haga son mínimas. Eso casi nunca pasa. Lo cierto es que en diciembre sabremos si la Registraduría convoca a elecciones o no.
Ya se empieza a desenredar un poco todo. Si ha habido dudas en esta revocatoria (marcada por el odio y la polarización), los ciudadanos sí merecen saber cómo es la cosa. Para poder, al menos, entender lo que ha significado esta alcaldía en la historia. Encargamos a los entes que revisarán la resolución, la más honesta respuesta.