Concertación por el bien del fútbol

Esta semana el ministro Rafael Pardo dio a conocer una nueva propuesta que incluye cambios significativos en el proyecto que generó la protesta de los futbolistas. En sus palabras, la ley busca mejorar las condiciones de protección del trabajador del fútbol y armonizar los principios de la FIFA con la Constitución y la normativa laboral del país.

La primera reacción de los futbolistas agremiados en la Asociación de futbolistas profesionales (Acolfutpro) había sido de rechazo, porque se desconocían derechos ya adquiridos.

En el nuevo texto se incluyen, entre otros aspectos, una protección para los futbolistas menores de edad; ampliación de los contratos de trabajo, que podrán ser hasta por cinco años; obligaciones para los clubes de garantizar que los futbolistas no sean acosados laboralmente excluyéndolos de los entrenamientos; respeto por su derecho de asociación, y realización de exámenes médicos ocupacionales al inicio y finalización de cada temporada. Sin duda, importantes avances.

No obstante, el tema que será polémico se encuentra en una disposición que establece el pago de indemnizaciones a la parte que termine unilateralmente el contrato, a pesar de que la jurisprudencia laboral ha sido reiterativa en no permitir la imposición de indemnizaciones cuando quien termina el vínculo es el trabajador, así se renuncie sin justa causa.

El proyecto además permite que se mantenga la coexistencia de contratos de trabajo, a través de convenios deportivos por el préstamo de los futbolistas que, según los directivos, son de la esfera de los reglamentos deportivos. Una ambivalencia que mantendrá vivos conflictos como el que subsiste entre el Chicó, Yhonny Ramírez y Millonarios, y terminarían siendo resueltos por comisiones de una organización privada sin representación de los jugadores. Es decir, arrogándose calidad de jueces para dirimir los conflictos que surjan en el fútbol por el incumplimiento de estos acuerdos deportivos. De paso, manteniendo la amenaza para aquellos jugadores que osen recurrir a la justicia ordinaria, de que serán sancionados por las comisiones disciplinarias hasta por un año en el ejercicio de su actividad deportiva.

En el gobierno “de la prosperidad” y en cumplimiento de un verdadero diálogo social, los colombianos esperamos que el ministro de Trabajo medie en esta coyuntura y finalmente presente al Congreso un proyecto ponderado entre las partes que, por encima de cualquier reglamento de la FIFA, respete los derechos de los jugadores profesionales y mejore sus condiciones de trabajo.

De una vez por todas, es necesario que se deje de tratar a los futbolistas como mercancías para que puedan disfrutar de atención en salud y pensiones dignas para su vejez, derechos que a viejas glorias del balompié colombiano les fue negado porque sus clubes no pagaron las cotizaciones respectivas. Es decir, que se cree conciencia de que los hinchas no solo deben interesarse por los goles de cada fecha, sino también por las condiciones laborales de quienes protagonizan el espectáculo.