La idea es debatir

En varios comunicados han expresado su rechazo al trámite que en el Congreso se le ha dado a esta reforma constitucional. Hace casi dos meses manifestamos que Santos había cedido ante la presión de la rama judicial, para conciliar algunos puntos y presentar una propuesta mucho más estratégica: el aumento del presupuesto para los empleados judiciales es tan sólo una de sus concesiones. Apelábamos, asimismo, a que la reforma entrara a debate en el Congreso, el escenario propicio para una discusión más nutrida y necesaria. La razón: una reforma a la justicia, intentada por varios gobiernos predecesores al de Santos, de rango constitucional y que modifique los puntos que distorsionan el buen curso de la justicia, necesitaba no sólo proponerse, sino pasar a primer debate. Esto es un triunfo, ya que en el pasado las reformas a la justicia siempre nacían muertas.

No estamos de acuerdo con algunos puntos de la reforma. Los hemos mencionado y los repetimos: el hecho de que abogados particulares puedan adquirir funciones jurisdiccionales, en aras de la descongestión, es una solución un tanto improvisada, por decir lo menos; la ampliación del fuero militar –incorporado a última hora- dando lugar a una norma que determina que, en todos los casos, los delitos por parte de militares se presumirán como actos en relación con el servicio, es una salida que podría acarrear problemas con lo dispuesto por el Derecho Internacional Humanitario. Y así otras. Estas objeciones las dejamos claras en su momento para que, quienes las compartieran, pudieran debatirlas en el Congreso.

El problema es que discusión no ha habido. Casi que la reforma se ha adelantado a las carreras, de forma muy rápida e incorporando proposiciones a última hora. El mismo presidente del Congreso se lo ha admitido a los medios. La Corte Suprema y el Consejo de Estado, asimismo, han mencionado que lo que ha sido aprobado hasta el momento ha distorsionado la idea inicial (introduciendo, dicen, algunos ‘micos’ en la reforma, como la modificación en la elección del registrador nacional del Estado Civil, entre otros) y no ataca los verdaderos problemas que tiene la justicia hoy día.

El Gobierno puede pretender que el debate se dé con más calma en el siguiente semestre. La idea inicial era ésa, así debió empezar todo. Tan necesaria es la reforma a la justicia que debe ser adelantada de la mejor y más pausada forma posible. Pero en el Congreso no parecen darse muestras de esto, sino más, de una pelea irracional entre jueces y congresistas. Donde éstos, al parecer y según lo indicado por los representantes de las Cortes, tienen una palabra definitiva. No creemos que esta sea la forma correcta de proceder. Desde el anuncio de la reforma, hasta hoy, insistimos: debe darse un debate razonado con unas concesiones claras. Es la única forma en que el país, los ciudadanos que no pueden acceder a una pronta justicia y los que se demoran 20 años en un proceso declarativo civil o uno de responsabilidad penal, encuentren, por fin, a un Estado responsable.