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Nadie lo hacía, puesto que tanto él como su ministra de Educación, María Fernanda Campo, lucían muy firmes e inflexibles a la hora de declarar públicamente que el proyecto iría pese a las marchas. El día miércoles nos dimos cuenta de que no era así: Santos condicionó el retiro del proyecto al levantamiento del paro. Éste le cuesta mucho a él, a su Gobierno y al Estado. También, claro, a quienes quieren terminar su semestre y el paro se los impide.
Los estudiantes vieron esto como una “jugada” estratégica del presidente para quitarle fuerza a su marcha convocada para el día de ayer y por eso mismo decidieron continuar con ella. A último minuto, de todas formas, no podrían tomar otra decisión, el número de gente convocada desde distintas ciudades era muy grande. Este fin de semana, con un poco más de tiempo, se reunirán para decidir el futuro del paro nacional. Los estudiantes, de cualquier manera, parecen haber ganado un primer round, no sólo político sino también estratégico: supieron sacar de las calles a los violentos, decidieron dar abrazos a una Fuerza Pública desconcertada y se ganaron parte del apoyo de la ciudadanía.
Si bien resulta ingenuo pensar que el paro es la razón exclusiva por la que el presidente Santos piensa retirar el proyecto, también lo es desconocer su importancia. Tres factores adicionales han sido determinantes. El primero es la imagen presidencial, pues a su gran aceptación no le sienta una presión popular de este tipo. El ejemplo chileno debió incidir en la disposición a ceder. El segundo es la política. Su Unidad Nacional en el Congreso se encuentra dividida en este tema. Ya varios sectores de la misma le habían dicho que la reforma no tenía el respaldo total de los partidos y que, además, no alcanzaría la legislatura para aprobarla, asunto que obligaría a Santos a adelantarla bajo la modalidad de “trámite de urgencia”, que en el escenario actual era a todas luces inconveniente. Y el tercero fue la propia marcha estudiantil. Los miles que se movilizaron en las calles y elevaron y canalizaron la oposición a un Gobierno que prácticamente carece de ella.
Con el inminente retiro de la reforma se vienen, sin embargo, algunos problemas. Uno es el que hemos mencionado ya varias veces: la plata. ¿Si las universidades públicas requieren un aumento urgente de fondos, qué hará el Gobierno sin su reforma? A juicio de los expertos, esta inyección de capital puede hacerse a través de la misma ley 30, sin necesidad de cambio alguno. Santos deberá jugar una buena mano acá para que las finanzas de las universidades no colapsen el año entrante.
El otro es la responsabilidad de los estudiantes. Deberán pasar del campo de la protesta al de la propuesta. Es cierto que muchos de los marchantes se unen más por la fiebre y el descontento social que por su conocimiento de la reforma. Sin embargo, hay algunos muy bien informados, que conocen cada aspecto del proyecto y defienden sus posiciones de una forma coherente. Tendrán que adquirir más visibilidad y, ahora, convocar no sólo a estudiantes sino también a expertos que los apoyen con el fin de generar una discusión más nutrida.
Cualquiera que fuere el futuro inmediato de este pulso entre el Gobierno y los estudiantes —que ojalá no termine en la actitud de chantaje mutuo que alcanzó a sentirse ayer—, sería interesante ver que logran negociar una reforma en la que se concilien las posiciones en conflicto. El camino a una democracia deliberativa se labra con actos como esos. Esperamos que el Gobierno, luego de mostrarse conciliador, no se equivoque manteniendo la reforma a como dé lugar (como amenazó ayer) y pueda generarse un escenario de diálogo. Sería histórico en cuanto a la movilidad ciudadana y su relación con el Gobierno.