Escándalos e inteligencia

Esta agencia, que cuenta con los atributos propios de cualquier ministerio, ha estado encargada desde hace más de medio siglo de obtener y procesar información para facilitar la toma de decisiones sobre la agenda de seguridad definida por el gobierno. Desde hace unos años, sin embargo, el DAS, una institución de por sí oscura por su modo de proceder y por el carácter confidencial de su información, terminó perdiéndose en las sombras de la ilegalidad. El golpe más duro a su credibilidad lo recibió bajo la dirección de Jorge Noguera Cote y su complicidad con cabecillas paramilitares, quienes, al parecer, se valían de los instrumentos de la entidad como si fueran propios. Poco tiempo después se descubrieron las ‘chuzadas’ telefónicas y los seguimientos con fines políticos, de los que fueron víctimas partidos de la oposición, magistrados y periodistas.

Escándalo tras escándalo, el DAS se ha ahogado en su desprestigio y, todavía hoy, a pesar de la larga serie de investigaciones, el panorama continúa oscuro. Los directores están en la mira de la justicia —con todo y el exilio de una de ellos— y los mandos medios han venido revelando el tamaño de la empresa criminal que allí anidó. Sin embargo, al país todavía no se le han resuelto las preguntas más elementales: ¿Cómo fue todo posible? ¿A quiénes se benefició? ¿Cuál era el interés de los directores en tales abusos? ¿Se trató de intereses políticos o criminales? ¿O de ambos? Se sabe sólo, y por puro sentido común, que lo que sucedió en el DAS desde 2002 no fue resultado de un par de manzanas podridas. Qué tan hondo, o mejor, qué tan alto llegó todo, sigue todavía entre tinieblas y aunque con la llegada de la administración de Juan Manuel Santos el miedo se calmó, no por esto la entidad ha recuperado la confianza entre la ciudadanía.

Reaccionando al recelo, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha anunciado la reestructuración del DAS y anoche, junto con la creación de nuevos ministerios, el Congreso debatía la posibilidad de conceder al Gobierno tal facultad. Aunque se desconoce, al cierre de la edición, la decisión definitiva y cuáles son los planes reales del Ejecutivo si se le permite tal facultad, es importante abrir la discusión sobre cómo pretende el Gobierno delimitar las acciones de inteligencia. Es sin duda necesario, dados los lamentables precedentes, establecer de manera formal reglas y procedimientos que acorten los espacios de discrecionalidad. Se precisa de mecanismos de control permanentes, que establezcan límites a los medios utilizados y fomenten la coordinación e integración de las demás agencias especializadas, como la Policía Nacional y el Ejército, sin que ninguna exceda la barrera de lo legal.

Esfuerzo importante, porque aunque se hable de la liquidación del DAS cada vez que algo turbio se destapa —así lo hizo el expresidente Álvaro Uribe tras el primer escándalo—, lo cierto es que el país no puede prescindir de las labores de inteligencia. Eliminar lo que no se puede controlar no es solución alguna. Menos en este caso, en que se repartirían las tareas —de nuevo, necesarias— a otras agencias especializadas, destruyendo el balance entre los organismos de seguridad. La inteligencia es delicada y amplia para el abuso de autoridad. No sobra recordar el episodio de la Inteligencia de la Policía, que causó un revolcón en la institución y culminó con la designación del general Óscar Naranjo como director. Pero pese a su complejidad, y su difícil control, prescindir de ella no es una opción. Aunque es más fácil destruir las instituciones que fortalecerlas, son éstas las que garantizan la democracia. El reto está en ver cómo se garantiza su acción dentro de la legalidad.